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Partidos se llevan millones, pero no construyen mejor democracia

La decisión de la Comisión de Presupuesto del Congreso de triplicar el subsidio a los partidos políticos, en momentos en que se reclama austeridad ante la crisis y se cortan recursos para áreas como salud y educación, genera la previsible indignación de la ciudadanía. No se discute la importancia de los partidos en el sistema republicano, pero en nuestro país no se caracterizan por formar a buenos líderes y dirigentes, ni contribuyen a perfeccionar la democracia. Por el contrario, defienden de manera cómplice a legisladores y dirigentes imputados por delitos de corrupción y favorecen la impunidad. Mientras ofrezcan tan pobres resultados, hay que reconsiderar otorgarles tanto dinero para mantener un viciado esquema político.

Mientras las autoridades del Ministerio de Hacienda y del Equipo Económico del Gobierno hablan de la necesidad de ajustarse los cinturones y recortar importantes recursos para el área social, los miembros de la Comisión Bicameral del Congreso —que se encarga de revisar y decidir sobre el Presupuesto de Gastos de la Nación (PGN) para el 2020— no han tenido problemas en triplicar el subsidio para los partidos políticos.

En el estudio del Presupuesto, los miembros de la Comisión han decidido conceder 22.152 millones de guaraníes más al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para pagar a las agrupaciones políticas por las elecciones generales del año pasado, aunque el Ministerio de Hacienda planteaba pagar solo 9.666 millones de guaraníes.

De acuerdo con los datos publicados ayer por este diario, con base en informes del Congreso y el Ministerio de Hacienda, los partidos se han devorado unos 354.140 millones de guaraníes, cerca de 55,7 millones de dólares, del plan de gastos públicos en los últimos cinco años. Según estas estadísticas, los partidos se llevaron en promedio 70.828 millones de guaraníes, 11,1 millones de dólares en forma anual. El 69% de este dinero proviene de los aportes que se abonan a las agrupaciones políticas con representación parlamentaria y el resto, el 31%, corresponde al subsidio que se les paga como una especie de devolución por los gastos electorales y se realiza sobre la base de la cantidad de votos obtenidos.

El principio de otorgar estos recursos públicos es que los partidos políticos son importantes para sostener el sistema democrático republicano y que por ello, el Estado debe contribuir con aportes para mantenerlos. No deja de ser verdad, pero a cambio se espera que los partidos utilicen los fondos en la formación ideológica y cívica de sus miembros, principalmente apuntando a formar líderes con capacidad de estadistas y responsabilidad ética para contribuir a una mejor democracia, y que asuman la representatividad de las demandas de la sociedad.

Lamentablemente, eso no ocurre en la práctica. Algunas de nuestras principales organizaciones políticas —como el Partido Colorado— han sostenido a dictaduras como la del general Alfredo Stroessner (1954-18989) y sus dirigentes no realizaron hasta ahora ninguna autocrítica en forma institucional, sino que siguen respaldando en gran medida los horrores represivos del régimen tiránico.

En estos más de treinta años de transición democrática, el aporte de los partidos políticos a construir un sistema democrático de calidad ha sido muy pobre y deficiente. Por el contrario, en la mayoría de los casos se caracterizan por producir dirigentes mediocres, autoritarios y corruptos, a los que promueven a ocupar cargos electivos o ejecutivos en instancias de gobierno que en lugar de ayudar a la ciudadanía, se vuelven en contra. Además, las dirigencias de estos partidos defienden de manera cómplice a legisladores y dirigentes imputados por delitos de corrupción y favorecen la impunidad.

Mientras ofrezcan tan lamentables resultados para el sistema democrático, hay que reconsiderar otorgar tanto dinero a los partidos, para mantener un viciado esquema político.

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