El senador colorado Derlis Maidana señaló que se deben analizar los casos para aplicar penas de adultos a adolescentes, ante las propuestas de hacer modificaciones a las leyes vigentes para aplicar las sanciones del Código Penal a menores de edad a partir de 14 años.
Dijo que se puede estudiar la posibilidad de que el Código de la Niñez contemple, en casos muy graves y excepcionales, la aplicación de penas mayores, siempre que un análisis psicosocial riguroso demuestre que el joven ha alcanzado una madurez adulta de forma temprana.
Explicó que se considera que el joven de 14 a 18 años tiene una madurez “progresiva”, es decir, que a medida que crece tiene cierta madurez que recién se completa en la mayoría de edad.
Mencionó que Paraguay tiene un modelo similar al de España, que establece que la edad mínima de responsabilidad penal es de 14 años. Los menores de 14 a 17 años son juzgados bajo un sistema especial, con medidas que priorizan la educación y la reinserción. A partir de los 18 años, se aplica el Código Penal para adultos.
Diputados. En la Cámara Baja, el debate no estuvo ausente, y se convirtió en un espacio de fuertes críticas al Estado por su inacción ante la desaparición de personas.
El diputado liberal Antonio Buzarquis cuestionó el accionar del Estado para hallar a personas desaparecidas y que la burocracia esté a la orden del día. Señaló la falta de recursos en la Policía Nacional, y calificó de “letra muerta” el protocolo vigente.
Recordó el proyecto de ley que establecía un procedimiento de búsqueda de personas desaparecidas, presentado por el diputado liberal Rodrigo Blanco, que fue rechazado por pedido de la Policía Nacional.
La diputada de País Solidario, Johanna Ortega, dijo que las leyes existen, pero falta una decisión política para implementar un verdadero sistema de protección, una red que funcione a tiempo, que prevenga, que escuche, que actúe. “Lo que hoy tenemos son sectores que bloquean cualquier intento para educar para la prevención”, indicó.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) manifestó su solidaridad con la familia de la víctima de feminicidio, e instó a que el Estado dé una respuesta pronta en la investigación, sanción y reparación del hecho de violencia, pero además, manifestó su preocupación por el enfoque punitivista de varios legisladores que plantean aumentar penas y bajar rango de edad para condenar. “Expresamos nuestra preocupación ante expresiones públicas que plantean impulsar iniciativas legislativas que tienen como objetivo elevar las penas, aumentar las sanciones y reducir la edad de responsabilidad penal de los adolescentes, así como incorporar la cadena perpetua y la pena de muerte”, señala el comunicado. El MNP considera que estas iniciativas se contraponen a la Constitución Nacional y a la Convención sobre los Derechos del Niño, que establecen un modelo de justicia juvenil basado en la protección especial y el acompañamiento integral. El comunicado del MNP recuerda que la Carta Magna prohíbe penas crueles, inhumanas o degradantes, y entre ellas se incluyen tanto la cadena perpetua como la pena de muerte, no permitidas para ninguna persona, sea adulta o adolescente.
