Un informe de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de Paraguay (CDIA), con base en datos estadísticos del Ministerio Público, señala que en los últimos cinco años se registraron un total de 17.156 víctimas de abuso sexual de entre 0 y 17 años de edad.
El promedio de los casos da cuenta de que se registró una denuncia por este tipo de hecho cada dos horas en el último lustro en el país.
Si se desglosa por año tenemos que en el 2018 se registraron 3.197 denuncias de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, en el 2019 se tuvo el pico máximo con 3.846 denuncias, en el 2020 se registraron 3.021 hechos, en el 2021 se produjeron 3.288 y el año pasado 3.804.
Hasta el año 2021 se tienen datos discriminados entre niñas y niños. En ese sentido, un total de 11.169 niñas fueron víctimas y 2.137 fueron niños. El rango de edad en el que se tienen mayores casos corresponde a la franja de entre 10 y 13 años.
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La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes “incluye el contacto sexual no consensuado realizado o intentado y actos no consensuados de naturaleza sexual que no incluyen contacto, actos de trata de personas con fines sexuales cometidos contra alguien que no puede dar su consentimiento o negarse a estos actos; y explotación por internet”.
La CDIA señala que estos hechos constituyen una grave violación de los derechos humanos. Sin embargo, señala que es una realidad que se presenta en diversas formas, como abuso sexual, acoso, violación o explotación sexual en la prostitución o la pornografía.
También refiere que puede ocurrir en diferentes ámbitos como los hogares, instituciones, establecimientos educativos, lugares de trabajo, instalaciones dedicadas al viaje y al turismo, o dentro de las comunidades.
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“La mayoría de las niñas, los niños, las/los adolescentes y las familias no denuncian los casos de abuso y explotación a causa del estigma, el miedo y la falta de confianza en las autoridades”, refiere la coordinadora.
Teresa Martínez, titular del Ministerio de la Niñez y Adolescencia, se refirió a la necesidad de no seguir dilatando el abordaje de la educación sexual integral en los centros educativos.
“Hablar de educación sexual no significa hablar de aborto o de interrumpir el embarazo. Acá se mezclan las cosas de una manera tan perversa y no permite hablar de lo importante”, expresó.
