17 abr. 2024

Paraguay no debe retornar a su pasado dictatorial

A pesar de que el presidente electo Santiago Peña haya advertido tras las elecciones que su gabinete estaría integrado por técnicos con identidad colorada, no dejan de sorprender algunos de sus nombramientos, los que rápidamente han sido recibidos con cuestionamientos. Del nuevo presidente se espera que logre formar un gobierno para todos los paraguayos, pero sobre todo que evite caer en la tentación de aplicar acciones típicas del reciente pasado autoritario, a partir de la excusa de resolver los graves problemas que tiene el país.

Del gobierno de Santiago Peña, el presidente electo que asumirá sus funciones el próximo 15 de agosto, esperamos la mejor conducción del país. Su buena gestión redundaría, como es de esperar, en una mejor calidad de vida para todos los paraguayos.

Sin embargo, para que esto sea posible, él deberá elegir a las mejores personas para que integren su gabinete y lo acompañen a hacer posible ese mejor Paraguay en el que los más de siete millones de paraguayos y paraguayas anhelan poder vivir.

El mensaje inicial que está enviando, no obstante, contradice las expectativas optimistas, pues adelantó que su gabinete estaría compuesto por técnicos con identidad política colorada, y específicamente que los mismos serían del movimiento Honor Colorado. La Asociación Nacional Republicana (ANR) va a tener desde el 1 de julio una abrumadora mayoría en ambas cámaras del Congreso Nacional. Eso le dará a Peña una enorme responsabilidad, y como afirma el dicho, un gran poder conlleva una enorme responsabilidad.

Ante el anuncio de que el actual senador Enrique Riera sería el futuro ministro del Interior en su gobierno, no se han hecho esperar las críticas, particularmente después de que este compartiera algunas de sus ideas respecto de las acciones que tomará una vez que asuma en la cartera de seguridad. Entre otras medidas, había adelantado que no permitirá cierres de rutas e invasiones de tierras, y aunque aseguró que se operará respetando los derechos humanos, uno de los más fuertes cuestionamientos ha venido precisamente de parte de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).

Codehupy ve con preocupación el nombramiento, considerando los antecedentes del senador colorado. “Cuando ocupó cargos públicos ha dado muestras claras de un posicionamiento duro contra comunidades campesinas e indígenas, y también en cuanto a lo diferente o cuestiones en general. Varias de sus políticas implementadas, ya sea cuando fue intendente de Asunción o siendo ministro de Educación, han sido medidas represivas o restrictivas de la libertad, o medidas que no han buscado resolver distintos tipos de situaciones, sino han buscado imponer posiciones o prohibir diferentes acciones”, dijo a Monumental 1080 AM el secretario ejecutivo, Dante Leguizamón.

También las víctimas del Ycuá Bolaños criticaron el anuncio del presidente electo. Los familiares y víctimas del siniestro del Ycuá Bolaños impugnaron el nombramiento de Enrique Riera como ministro del Interior y aseguraron sentirse “agredidos”, ya que consideran a Riera como uno de los responsables del siniestro ocurrido el 1 de agosto del 2004; una catástrofe que se cobró la vida de más de 400 personas, dejó 500 heridos y seis desaparecidos.

Nuestro país ha realizado ingentes esfuerzos para no repetir el nefasto pasado stronista, para ya no ser aquel país atrasado y aislado que soportó 35 años el terror de las persecuciones, torturas, exilios, desaparecidos; un autoritarismo en el que las violaciones a los derechos humanos eran la normalidad, y donde se perseguía a todo aquel que pensara diferente.

Esperamos que el presidente electo gobierne para todos los paraguayos, pero para eso deberá trabajar con todos los paraguayos, con los mejores, con los más capaces, honestos y talentosos, no solo con colorados. Asimismo, confiamos en que no elija seguir el camino de aplicar el garrote o la mano dura con quienes piensan diferente o lo adversan.

Santiago Peña cargará desde agosto con la responsabilidad de tomar decisiones que puedan resolver las grandes deudas sociales. Ese es el gran desafío, y no aplicar la ley del garrote en contra de los más débiles o los opositores al gobierno.

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