Para el Estado paraguayo, los hechos hechos denunciados por los comunicadores Beatriz Pompa y Eduardo Penayo “no caracterizan violaciones de derechos” por lo que pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la inadmisibilidad de la petición en su respuesta a la solicitud de información por parte del organismo internacional.
En ese sentido, pidió a la CIDH que declare que el Estado paraguayo “no tiene legitimación pasiva para responder por acciones de la Itaipú Binacional” y la “inadmisibilidad” de la petición por una “supuesta vulneración de los artículos 13 y 25 de la Convención Americana”.
La respuesta fue enviada con la firma del procurador Marco Aurelio González.
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Uno de los argumentos fue que “en este caso particular, la información requerida no ha sido otorgada porque, de haberlo hecho, el Estado paraguayo hubiese transgredido un tratado internacional”.
Asimismo, consideró que “no se indican los daños causados a las presuntas víctimas por la falta de acceso a la información requerida”. Para el Estado, la petición “no está fundada”.
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En abril del 2021, Pompa y Penayo pidieron a la Itaipú Binacional información en relación con la actuación y funciones del Consejo de Administración de Itaipú Binacional.
Sin embargo, la entidad que administra la hidroeléctrica les negó la información, alegando que lo solicitado no se halla a libre disposición de terceros e interesados, ni de organismos estatales, más allá de las previsiones del tratado de origen.
