Para que las políticas públicas tengan éxito deben diseñarse a partir de la evidencia empírica existente, y luego de su implementación las mismas políticas deben ser apropiadamente evaluadas para ver si cumplen con los objetivos previstos.
La política económica como es bien sabido no es una excepción, especialmente aquella que tiene un alto costo para el país, como son los incentivos tributarios.
La experiencia demuestra que la reducción de recaudaciones a las grandes empresas internacionales afecta a la provisión de servicios públicos de calidad, como salud, educación, protección social o infraestructura.
Al mismo tiempo y paralelamente, exige un mayor esfuerzo tributario a los ciudadanos y al Estado le exige endeudamiento para financiar las obras que el país requiere.
Por otro lado, la evidencia indica que los impuestos bajos no son los mejores incentivos, sino la calidad de la fuerza de trabajo y de los servicios básicos como agua, energía eléctrica, internet, la infraestructura vial y la conectividad y la seguridad jurídica. Para mejorar todas estas condiciones es necesario contar con recursos, los mismos que se pierden con los incentivos.
Por otro lado, se espera que con la llegada de la inversión extranjera se generen empleos de calidad, haya transferencia tecnológica y se impulsen eslabonamientos incorporando pequeñas y medianas empresas nacionales.
Es decir, la idea de generar un entorno favorable al capital debe tener como contrapartida las ganancias anteriores de manera que el saldo neto sea positivo para el país. Es decir, lo que pierda en impuestos se ganen en los ámbitos laborales, tecnológicos y empresariales.
Sin embargo, los estudios existentes para la región no muestran esta correlación positiva, por lo que varios organismos internacionales recomendaron a Paraguay evaluar y reducir estos incentivos de manera a generar los recursos para mejorar el clima de negocios, así como también los servicios públicos necesarios para captar una inversión extranjera de mejor calidad.
Vender el país barato tiene como contrapartida ofrecer un país sin el capital humano ni condiciones adecuadas para garantizar altos niveles de productividad.
La pandemia ha impulsado una discusión que los países ya venían teniendo especialmente en los espacios de los países ricos como el G20 o la OCDE. La reciente aprobación de un impuesto único global del 15% es el paso para eliminar la competencia entre países por bajar los impuestos.
A los países ricos les quedó claro que bajar los impuestos innecesariamente solo perjudica a la ciudadanía, agudizando la desigualdad a nivel mundial.
Paraguay debe dejar de ofrecerse como paraíso fiscal y pasar a ser un país competitivo y de alta productividad gracias a sus recursos humanos capacitados y sus servicios públicos de alta calidad. Eso exige una fuerte inversión que debe ser financiada con recursos genuinos.
Esta mirada exige un cambio radical en la política económica.
