La ex senadora y doctora Desirée Masi analizó la situación del Instituto de Previsión Social (IPS) y consideró que los problemas de la institución van más allá del presupuesto. Dijo que uno de esos problemas es la enorme carga financiera de las tercerizaciones masivas de sus servicios.
“Este modelo de privatización de la salud afecta también a la construcción de bienes públicos sostenibles. En vez de desarrollar servicios públicos, el IPS está entregando a empresas. Entre 2023 y 2025, IPS asumió contratos de tercerizaciones por valor de 1 billón de G., la mitad de este monto, 500 mil millones, con una sola empresa en 2024. Ese modelo es inviable y lo está copiando el Ministerio de Salud”, sostuvo.
Para la profesional, otro problema del IPS es la evasión de aportes que tiene. “Es difícil estimar de cuánto es. Pero, para tener una idea: el 46% de la población ocupada que debería aportar al IPS no lo hace. Esa evasión, a su vez, genera dos problemas: pérdida financiera y una autoselección por aquellos que más necesitan de cobertura de salud, es decir, los enfermos o con familiares enfermos querrán tener seguro”, explicó.
Gestión de Salud. En tercer lugar, sitúa los problemas de salud, que son cuestiones que afectan a todo el sistema de salud, no solo al IPS. “Son varios, pero voy a destacar tres de ellos. “Existen enfermedades que requieren tratamientos complejos y de muy alto costo. Generalmente asociados a gastos de bolsillo catastróficos. Para hacer frente a esta situación se requiere de un fondo nacional de protección efectiva para todas las personas, asegurados y no asegurados. Un fondo que cubra también al IPS, al Ministerio de Salud y también al privado. No lo tenemos, y en consecuencia se presentan situaciones dramáticas para numerosas familias. Algunas pueden judicializar, pero este recurso no es la solución”, comentó.
Masi agrega que falta definir y actualizar con mayor rigurosidad los denominados protocolos de tratamiento, que cuenten con especificaciones de los medicamentos y otras tecnologías que serán obligatorias de cobertura, sobre todo para aquellas enfermedades que requieren tratamiento de alto costo.
“Como los instrumentos actuales son débiles, lo que vemos es uso no racional de recursos. Esto lleva a judicialización innecesaria. La judicialización se justifica cuando un derecho no se cumple, de eso no hay dudas, pero cuando se utiliza sin respaldo científico suficiente afecta a las instituciones y a las personas que ponen sus esperanzas en una tecnología de dudoso beneficio o a un costo desproporcionado”, mencionó.
Al respecto, pese a que el IPS es una entidad pública y se rige por las leyes que rigen para el sector público, la actualización de la ley de contrataciones públicas no ha logrado resolver problemas específicos que se dan en el ámbito de la compra de medicamentos.
“Entonces el desabasto es inminente en cada periodo. El Ministerio de Economía y Finanzas tampoco acompaña esta prioridad asistencial y no prioriza el presupuesto, tampoco propone nuevos ingresos, tampoco transfiere a tiempo. El modelo de gobierno es acumular deudas con proveedores, deudas que consumen el presupuesto del año próximo y así sucesivamente. El mismo gobierno no coordina las instituciones para abordar y resolver estos problemas, cada entidad parece funcionar como un compartimiento estanco”, cuestionó.
Presupuesto. Dijo que el presupuesto vigente del IPS es de 13,2 billones de G. Su ejecución actual es de 49,7%. El nivel de ejecución es similar al del Ministerio de Salud. En el caso de los medicamentos (1,5 billones de G), la ejecución es de 51,6%, mientras que en el Ministerio de Salud está por debajo, con 47%. Es decir, el IPS sigue el mismo ritmo que otras entidades.
“Sobre prioridades, es más complejo. Por ejemplo, la participación de medicamentos sobre el total de presupuesto: para el Ministerio de Salud es 28%, para el IPS 12%. Pero hay que interpretarlo en un contexto donde el Ministerio debe cubrir a toda la población, mientras que el IPS tiene 1,7 millones de asegurados y entonces resulta que el IPS tiene más recursos por asegurado que el Ministerio de Salud por habitante”, detalló.
Las personas no estan en el centro . Ante la consulta de si la falta de medicamentos responde a un problema de gestión o presupuestario, la excongresista afirmó que es un problema de gestión de todo el Gobierno.
“Falta coordinación entre instituciones claves como Contrataciones Públicas, Ministerio de Economía y Finanzas con IPS y Ministerio de Salud. El principal problema es que las personas no están en el centro de la gestión gubernamental. Son otras las prioridades, negocios, tercerizaciones, indicadores financieros, menos las personas”, apuntó.
Aseveró que lo primero es poner en el centro de la gestión a las personas con derecho constitucional a la salud. Lo segundo es coordinar las instituciones para que los medicamentos y los recursos para comprarlos lleguen a tiempo. Y tercero es que hay que reglamentar formas innovadoras y transparentes para comprar medicamentos, distribuirlos correctamente y controlar su uso racional.
“Hay temas que nadie quiere tocar, pero hay que ponerlo sobre la mesa: la regulación de precios real, no solo para el público, también para las compras públicas. Tratamos de hacerlo en la legislatura pasada, pero no pudimos. Hay que dialogar con todos los sectores y concretar un acuerdo, un pacto para la salud. Todas estas medidas requieren de mucho diálogo, de legitimidad en el proceso. Pero es difícil con un gobierno que tiene poca credibilidad, liderazgo y autonomía”, finalizó.
