Es en el caso de Diego Méndez Báez, procesado como cómplice en un hecho de crimen que ocurrió el 28 de abril de 2019 donde la víctima fue Horacio David Verón, un presunto prestamista, y el victimario, el brasileño Valdemir Borcato, quien había prestado dinero del fallecido. El autor se quitó la vida estando privado de libertad.
Tras la modificación del artículo 245 del Código Procesal Penal, la defensa del abogado Méndez solicitó medidas alternativas a la prisión, y lo obtuvo, el 1 de agosto de 2019 le dieron arresto domiciliario, imponiéndole presupuestos como presentarse mensualmente ante el Juzgado Penal de Garantías, no salir del país, no moverse del domicilio, entre otros, más con una fianza ofrecida por la madre.
La querella y la agente del Ministerio Público, Lorena Castellvi apelaron la resolución de la jueza Graciela Zamudio de Báez.
El caso fue elevado a la Cámara de Apelaciones integrado por Sandra Palacios Fernández, Víctor Manuel Vega, y Cristino Yeza Araujo, quienes revocaron la prisión domiciliaria, y ordenaron de nuevo que pase a la penitenciaría de Itapúa.
El abogado Méndez dijo que los camaristas resolvieron revocar la medida alternativa a la prisión porque el imputado tiene una importante capacidad económica, y eso permitiría tener más recursos para una eventual fuga. El profesional indicó además que denunció a los jueces ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).