“Todo los bienes, muebles e inmuebles, incluidos la disponibilidad en efectivo o títulos, que hayan sido o serán comprados, en cualquier modo, por Instituciones Curiales o entes vinculados a la Santa Sede, son bienes públicos eclesiásticos y, como tales, propiedad, en su titularidad u otro derecho, de la Santa Sede en su totalidad”, se lee en el primer artículo del “motu propio” (documento papal).
Estos bienes, según alega Francisco en su disposición, se integran en “el patrimonio unitario, no fraccionable y soberano” del Vaticano.
De este modo, el pontífice argentino aclaró un aspecto, el del patrimonio, del denominado “derecho nativo”, con el que la Iglesia católica opera con independencia respecto de la comunidad civil y que le permite adquirir o administrar bienes inmuebles.
En el preámbulo del “motu proprio” se explica que la compra de bienes “temporales” es “uno de los instrumentos que, con el apoyo de los fieles, una prudente administración y los oportunos controles, aseguran a la Sede Apostólica de actuar en la historia, el tiempo y el espacio, siguiendo los objetivos de la Iglesia y con la independencia necesaria para el cumplimiento de su misión”.
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Con esta “ley” Francisco se asegura de que las instituciones vaticanas que compren bienes pueden administrarlos, pero “no son sus propietarios” pues deberán siempre actuar en nombre y bajo la autoridad del pontífice.
En definitiva, Francisco no cambia esta doctrina, recogida en los artículos 1.254 y 1.255 del Código de Derecho Canónico, sino que reafirma la naturaleza pública de dichas compras.
En concreto, el Derecho de la Iglesia proclama que “por derecho nativo e independiente de la potestad civil, la Iglesia católica puede adquirir, retener, administrar y enajenar bienes temporales para alcanzar sus propios fines” como “sostener el culto divino, sustentar honestamente al clero o hacer obras de caridad”.
El “motu proprio” llega precisamente en medio de un juicio por supuestas irregularidades financieras en la ruinosa compraventa de un edificio en Londres por parte de la Secretaría de Estado del Vaticano, en el que están imputadas diez personas, entre ellas el antes poderoso cardenal italiano Angelo Becciu.
La Secretaría para la Economía del vaticano explicó en un comunicado que estos principios “pretenden ser una guía para la acción de toda la Santa Sede e insta a todos a seguir el bien común y la responsabilidad que la administración de la cosa pública eclesiástica requiere”.
Así, según reza el artículo 2, “ninguna institución o ente puede reclamar su propiedad privada y exclusiva”.
Francisco dispone la entrada en vigor de este “motu proprio”, con la consiguiente derogación “de todas las disposiciones incompatibles” en la legislación vaticana.
