El prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Luis Ladaria Ferrer, ha sido el encargado de presentar este cambio en el artículo 2.267 del Catecismo, el libro doctrinal del Catolicismo.
En el nuevo texto se subraya que “la Iglesia enseña, a la luz del Evangelio, que la pena de muerte es inadmisible, porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona, y se compromete con determinación a su abolición en todo el mundo”.
El cambio llega después de que “durante mucho tiempo el recurso a la pena de muerte por parte de la autoridad legítima, después de un debido proceso, fue considerado una respuesta apropiada a la gravedad de algunos delitos y un medio admisible, aunque extremo, para la tutela del bien común”, se lee.
Sin embargo el “reescriptum” reconoce que “hoy está cada vez más viva la conciencia de que la dignidad de la persona no se pierde ni siquiera después de haber cometido crímenes muy graves” y “se ha extendido una nueva comprensión acerca del sentido de las sanciones penales por parte del Estado”.
Y por otro lado “se han implementado sistemas de detención más eficaces, que garantizan la necesaria defensa de los ciudadanos, pero que, al mismo tiempo, no le quitan al reo la posibilidad de redimirse definitivamente”.
De este modo Francisco, que siempre se ha mostrado contrario a esta práctica, que ha calificado de “humillante”, ha cambiado la postura de la Iglesia, recogida en un Catecismo promulgado en 1992, durante el pontificado del hoy santo Juan Pablo II.
En aquella versión se subrayaba que “la enseñanza tradicional de la Iglesia no excluye, supuesta la plena comprobación de la identidad y de la responsabilidad del culpable, el recurso a la pena de muerte si esta fuera el único camino posible para defender eficazmente del agresor injusto las vidas humanas”.
En el texto, también en el Compendio de Benedicto XVI de 2005, se reconocía que “si los medios incruentos bastan para proteger y defender del agresor la seguridad de las personas, la autoridad se limitará” a los mismos.
Pero indicaba al mismo tiempo que “los casos en los que sea absolutamente necesario suprimir al reo suceden muy rara vez, si es que ya en realidad se dan algunos”.
Una pequeña puerta abierta a la tolerancia ante la pena de muerte cerrada ahora por la versión del pontífice argentino.
Para presentar la modificación el cambio doctrinal, Ladaria envió una carta a los obispos de todo el mundo en la que subraya que el nuevo desarrollo “descansa principalmente en la conciencia cada vez más clara en la Iglesia del respeto que se debe a toda vida humana”.
Por otro lado defendió que la nueva formulación “quiere ser un impulso para un compromiso firme, incluso a través de un diálogo respetuoso con las autoridades políticas, para que se favorezca una mentalidad que reconozca la dignidad de cada vida humana”.
Y se creen las condiciones que permitan eliminar en la actualidad la institución jurídica de la pena de muerte “ahí donde todavía está en vigor”.
Amnistía Internacional recoge en su informe de 2017 sobre la pena de muerte en el mundo que, al término del año, 106 países ya habían abolido esta práctica en la ley para todos los delitos y 142 habían acabado con ella en sus legislaciones o en la práctica.
Por otro lado se constataba que las ejecuciones habían disminuido hasta las 993 en un total de 23 países: un 4% menos respecto a 2016 y una reducción del 39% en comparación con 2015, un año que con sus 1.634 ejecuciones registró la cifra más cuantiosa desde 1989.
La mayoría de las ejecuciones tuvieron lugar, por este orden, en China, Irán, Arabia Saudí, Irak y Pakistán, y los métodos más frecuentes fueron la decapitación, el ahorcamiento. la inyección letal o la muerte por arma de fuego.
La organización también constató menos condenas a muerte, un total de 2.591 en 53 países, “un descenso considerable” frente a las 3.117 sentencias de 2016.
Una tendencia a la baja en un mundo en el que el pasado año, y pese a la abolición normativa y la reducción de las ejecuciones, aún había al menos 21.919 personas condenadas a la pena capital.
En el mundo se utilizaron durante 2017 los siguientes métodos de ejecución: decapitación, ahorcamiento, inyección letal y muerte por arma de fuego, y en Irán se llevaron a cabo ejecuciones públicas (al menos 31).
