El hombre, cuya hijastra lleva desaparecida desde el año pasado, anunció a través de una carta divulgada por su abogado Max Narváez que decidió “romper el silencio” para “contar su parte de la historia en el caso judicial en que se lo involucra”.
El padrastro de la niña, que tenía 7 años cuando desapareció, escribió un texto a mano dirigido a la prensa.
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“Quise recibirles en mi lugar de reclusión para encontrarnos frente a frente, pero pese al pedido por escrito de mi puño y letra presentado a las autoridades del penal de Villarrica para tal efecto, no he tenido respuesta alguna, por eso he decidido que nuestro encuentro sea virtual”, reza el texto, entre otras cosas.
La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, manifestó en radio 1000 AM que, particularmente, ella no recibió ningún pedido interno en su gabinete para tal efecto y que no existe ninguna autorización al respecto. “A nosotros no nos llegó ningún pedido y eso tiene ciertas condiciones”, resaltó.
La secretaria de Estado explicó que la persona recluida debe seguir un proceso interno para obtener la autorización.
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“Y nuestra autorización para la audiencia telemática es para la comunicación con familiares o abogados cuando no pueden acceder o llegar hasta el penal por alguna medida de la pandemia (del Covid-19). Mañana, difícilmente, lleguemos a tiempo para agotar todas las instancias”, acotó al respecto.
La desaparición de una niña en la quinta de su padrastro, ubicada en la ciudad de Emboscada, Departamento de Cordillera, fue reportada el 15 de abril del 2020. El caso movilizó a los pobladores de la zona y a las autoridades, quienes emprendieron una incesante búsqueda de la menor.
Con el correr de los días y sin que haya pistas sobre su paradero, la línea de investigación se centró sobre el entorno familiar. El primer elemento que llamó la atención de los investigadores es que la desaparición no fue denunciada hasta 24 horas después del hecho.
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Su madre y su padrastro fueron imputados en un primer momento por violación del deber del cuidado y abandono. Posteriormente, la Fiscalía amplió la imputación contra el hombre por pornografía infantil.
Los responsables de la niña en el momento de su desaparición siguen detenidos mientras que el Ministerio Público y la Policía Nacional siguen el peritaje de los elementos incautados.
Los nombres de la víctima y de los supuestos autores se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que prohíbe la publicación de datos que posibiliten identificar a los menores de edad en condición de víctimas o supuestos autores de hechos punibles.
