Ayer estuvieron representadas unas 80 organizaciones afectadas por la iniciativa cartista que busca reforzar control de estos grupos, incluso los que reciben aporte privado. La reunión contó, además, con representantes de organizaciones no gubernamentales, abogados constitucionalistas y de derechos humanos.
Para el anfitrión, el diputado Mauricio Espínola, se consideró la necesidad de escuchar a los afectados. “Creo que en Diputados este tema necesita mayor debate y menos uso de las mayorías”, dijo en directa alusión al cartismo que arremete con la iniciativa.
Resumiendo, el legislador logró rescatar del encuentro que las organizaciones “no están en contra de la transparencia en cuanto a los fondos públicos, pero sí consideran que esta iniciativa concede al Estado un poder sancionador, discrecional y arbitrario”. “Desincentiva además la creación de oenegés, al tener una excesiva burocracia y también los trámites injustificados”, dijo.
MORDAZA. Representantes de varias organizaciones que se presentaron en la audiencia manifestaron sus objeciones a la normativa emprendida por el cartismo, principalmente por el carácter persecutorio a ciertos sectores no alineados al poder.
Óscar Rivas, de Sobrevivencia Amigos de la Tierra Paraguay, dijo que “estamos ante una situación política inquisidora”. “Es una clara ley antiderechos, una ley que persigue. Van a legalizar la criminalización de la lucha social y la lucha ambiental”, dijo.
En tanto que de acuerdo con lo manifestado por Clyde Soto de la Coordinación de Mujeres del Paraguay, el documento atenta no solo contra la libertad de expresión, sino que otras garantías básicas dispuestas en la Constitución. “Esta ley forma parte de una corriente represiva. No es solo esta ley. En este país hay gente que se imagina que puede prohibirnos hablar de igualdad de género, que quiere prohibir la palabra género en todas las leyes y en todas las políticas”, subrayó. La abogada Pilar Callizo instó a que se convoque a las sociedades civiles organizadas para realizar un análisis exhaustivo.
“La extensión de esa ley es absolutamente poco seria”, sostuvo.
Rechazo o cambios. Para la diputada Rocío Vallejo el proyecto con media sanción no tiene el acompañamiento de varios diputados, así como se presenta. “Todas estas sociedades están inscriptas ya en el Registro de Personas Jurídicas que depende del Ministerio de Economía. Por otro lado, tenés las normas de Seprelad, Tributación, las normas del Presupuesto para hacer desembolsos a las sociedades que reciben dinero público y están sometidas a reglas bastante rigurosas” , dijo.
Apuntó que de plano, esta iniciativa debe pasar por un filtro ya que sobre varias organizaciones no se puede implementar . “Muchos deberían salir de este contexto porque entonces hasta las embajadas como yo digo, la Embajada de Taiwán incide directamente en el sistema de salud porque están proveyendo para el control de medicamentos, inciden en educación a través de la universidad que se tiene con ellos”, mencionó.
“¿Ellos también se tienen que inscribir, ellos también tienen que hacer una rendición de cuentas?”, se preguntó.
