La nota, presentada el viernes 29 de abril, es con copia al intendente Óscar Nenecho Rodríguez.
Entre los fundamentos, en busca de que los ediles revoquen y declaren la nulidad de la resolución, se describe que la decisión no se ajusta a los objetivos del Plan Maestro de la Franja Costera, como reintegrar la ciudad y el río; propiciar los mejores valores socioeconómicos y ambientales para el desarrollo sustentable; recuperar los espacios abiertos; valorizar el paisaje recuperando interfaces naturales y culturales; propiciar el diseño urbano de cada módulo a través de concurso de participación amplia, entre otros.
Señalan que no existe un solo estudio técnico de la factibilidad, económica, financiera o ambiental que justifique o haga un análisis de la propuesta en función de los objetivos trazados.
El pedido de reconsideración es además porque la Junta no puede otorgar directamente el usufructo, ya que solo tiene atribuciones para prestar su acuerdo o no a la Intendencia, detalló la abogada Rosa Vacchetta, del movimiento Plan Acción Ciudadana.
La contradicción entre dictámenes de la Dirección de Catastro y de Planeamiento Urbano es otro aspecto cuestionado. Se desglosa que mientras Catastro establece que el terreno en cuestión es de dominio privado, Planeamiento indica que es de dominio público municipal.
“Los bienes de dominio público municipal no pueden ser enajenados. De acuerdo con el artículo 2230 del Código Civil solo los bienes que pueden ser vendidos o donados pueden ser objeto de usufructo. Por tanto, el otorgamiento de un derecho real de usufructo sobre un bien del dominio público se configura en un acto nulo”, figura en la nota presentada.
La decisión también es susceptible a generar graves impactos negativos al ambiente, señala el documento. Esto atendiendo a los riesgos que implican el derrame de combustibles, tanto para la contaminación de aguas subterráneas y superficiales, las napas freáticas y la vida de las comunidades vulnerables y el ecosistema. Esto indica que la localización es de alto riesgo. “Las perforaciones que se tendrían que hacer ponen en riesgo la contaminación del suelo, del subsuelo y de las aguas superficiales, advierten.