El mismo es requerido por las autoridades del Brasil para enfrentar un proceso por supuestos hechos de estafa, con una expectativa de pena privativa de libertad de hasta 5 años; y receptación, con una expectativa de pena privativa de libertad de hasta 4 años, y falsedad ideológica, con expectativa de pena de hasta 5 años, según el Código Penal brasileño.
Una vez detenido, deberá ser puesto a disposición del Juzgado para tratar la extradición solicitada por el Juzgado de 2° Vara Criminal de la Comarca de Ponta Pora, Estado de Mato Grosso Do Sul, Brasil.
