EFE
Según fuentes judiciales, el Juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Ponciano Sallés, determinó hoy la prisión preventiva para 12 nuevos imputados en el millonario desfalco.
Entre los últimos formalizados se encuentra la pareja de civiles, Fernando Figueroa y María Rojas, que recibieron remuneraciones por sobre los 5.000 millones de pesos chilenos (unos 7,4 millones de dólares) sin tener ningún vinculo laboral con la Policía, según datos entregados por el fiscal Eugenio Campos, que lleva el caso.
El fiscal aseguró que los dineros fueron entregados a los supuestos cabecillas del fraude, entre ellos, el general en retiro y exjefe de finanzas de la institución, Flavio Echeverría, actualmente formalizado por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos y malversación de caudales públicos.
El fraude consistió en el desvío de dinero de cuentas corrientes de la institución hacia cuentas personales.
La indagatoria comenzó a raíz de un informe de un banco a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) por una transacción de dinero sospechosa bajo las nuevas leyes de lavado de activos.
La UAF creyó que podía tratarse de una transacción relacionada con el narcotráfico y alertó a la unidad especializada en esos delitos de Carabineros, que comprobó que una suma cercana a los 300 millones de pesos (unos 450.000 dólares) había sido depositada en la cuenta de un teniente de la institución.
Este fraude se suma al del Ejército de Chile conocido como ‘milicogate’, que llevaron a cabo oficiales y miembros de la institución durante el Gobierno del presidente Sebastián Piñera (2010-2014) y que un semanario destapó en agosto del 2015.
En ese caso se denunció la desaparición de alrededor de 2.000 millones de pesos (unos 2,7 millones de dólares) de las arcas públicas a través de facturas falsas que se amparan en el secreto de un fondo conformado según la llamada Ley Reservada del Cobre.
