El candidato opositor, como se esperaba, no concurrió a la citación. Su última aparición publica se dio el pasado 30 de julio, dos días después de los comicios, en una multitudinaria marcha en Caracas. ”La Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela denuncia ante el país y el mundo el acoso judicial al cual está sometido nuestro candidato presidencial”, expresó la PUD a través de X, sin informar si González Urrutia, que fue citado inicialmente para el lunes, acudió a la convocatoria o mantuvo comunicación con la Fiscalía.
Asimismo, manifestó que la citación “busca justificar” un “mandato de ejecución” para “acentuar” la “persecución” contra el opositor, que consideran ganó las presidenciales, pese a que el resultado oficial dio como vencedor al mandatario Nicolás Maduro, algo que la PUD considera “fraudulento” y varios Gobiernos extranjeros cuestionan.
“Expresamos nuestra solidaridad y apoyo para Edmundo González Urrutia, quien es perseguido porque el Gobierno considera un delito que haya obtenido no menos de ocho millones de votos por voluntad del pueblo venezolano”, manifestó la alianza, pese al resultado oficial, convalidado también por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La PUD afirma que el ganador de las presidenciales es su abanderado, según el “83,5 %” de las actas electorales que dice haber reunido a través de testigos y miembros de mesa, y que fueron divulgadas en una página web, razón por la que la Fiscalía citó al opositor, ante la “presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones y forjamiento de documento público”, entre otros.
El domingo, a través de un video publicado en redes sociales, González Urrutia expresó que la Fiscalía lo “pretende someter a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando delitos no cometidos”.
A su juicio, el fiscal general, Tarek William Saab, “se ha comportado, reiteradamente, como un acusador político”, ya que –aseveró– “condena por anticipado y ahora impulsa una citación sin garantías de independencia y del debido proceso”.
PERSECUCIÓN POLÍTICA. La primera citación fue enviada el sábado y al igual que la segunda no especificaba en calidad de qué fue convocado: imputado, testigo o experto, según la ley venezolana. Habla de “rendir una entrevista en relación a los hechos que investiga este despacho”.
“Esta es una citación totalmente irregular y está diseñada precisamente para tratar de hacer incurrir en un error”, explicó a la AFP Zair Mundaray, exfiscal venezolano. “Nos encontramos ante una treta de persecución política evidente que no guarda ninguna formalidad”.
Mientras el Gobierno y la Fiscalía señalan como falsas las actas recabadas por la oposición, varias organizaciones respaldan su veracidad, entre ellas el Centro Carter, que participó como veedor en las elecciones, invitado por el Consejo Nacional Electoral.
