El partido Rede entró con un pedido ante el Tribunal Supremo Federal para que la institución deje sin efectos el decreto promulgado el jueves por Bolsonaro, el cual generó una fuerte polémica.
El partido de oposición reconoció que el presidente tiene derecho constitucional de conceder indulto a un condenado por la Justicia, pero argumentó que hubo un “desvío de finalidad” y pidió la suspensión del mismo.
“Así como la inmunidad parlamentaria no puede servir de escudo protector para prácticas de conductas ilícitas, tampoco se puede admitir que esa prerrogativa del presidente de conceder indulto sirva para proteger a un aliado político y particular de justa pena establecida por el Poder Judicial”, señala el pedido de Rede.
LA CONDENA. Silveira, uno de los referentes de los grupos de ultraderecha que apoyan a Bolsonaro, fue condenado esta semana a ocho años y nueve meses tras amenazar a jueces del Supremo, exigir la “clausura” de esa corte y del Parlamento y promover una “intervención militar” similar a la que en 1964 impuso una dictadura que duró 21 años.
La sentencia contra Silveira fue aprobada por diez votos frente a solo uno en contra, emitido por el juez Kassio Nunes, quien llegó al Supremo promovido por Bolsonaro, en 2020.
La decisión se apoyó en una acusación de la Fiscalía General, según la cual el diputado incurrió en los delitos de “coacción, incitación a la violencia, atentados contra el Estado de Derecho y las instituciones democráticas e intentar impedir su funcionamiento mediante grave amenaza”.
“La Constitución no garantiza la libertad de expresión como escudo protector para la práctica de actividades ilícitas, discurso de odio y contra las instituciones”, dijo en su voto el relator del proceso, el juez Alexandre de Moraes.
En vídeos divulgados en redes sociales, Silveira había llegado al extremo de sugerir el asesinato de jueces del Supremo.
El jefe de Estado evitó comentar la condena, pero la noche del jueves anunció a través de sus redes sociales la decisión de indultar a Silveira, lo que puede volver a tensar la difícil relación del mandatario con la Corte Suprema. “La sociedad se encuentra en legítima conmoción ante la condena de un parlamentario protegido por la inviolabilidad de opinión que le otorga la Constitución, que sólo hizo uso de su libertad de expresión”, señaló el mandatario en el documento.
En su habitual transmisión en vivo de los jueves volvió a referirse al tema: “Todo aquí tiene jurisprudencia del señor Alexandre de Moraes; estamos cumpliendo estrictamente con lo que él decidió antes”, aseguró.