EFE
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) lamenta, en un comunicado emitido en Viena, la aprobación de esa ley por parte de un país que ha suscrito las convenciones internacionales sobre drogas y asegura que no se ha tenido en cuenta el impacto negativo de la legalización en la sociedad.
Raymond Yans, presidente de la JIFE, expresa en la nota su “sorpresa” al conocer que “un gobierno que es un socio activo en la cooperación internacional y en el mantenimiento del Estado de derecho internacional haya decidido conscientemente romper las disposiciones legales universalmente acordadas”.
La Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 -adoptada por 186 países, incluido Uruguay- solo contempla el uso del cannabis para fines médicos y científicos.
“El objetivo principal de la Convención Única de 1961 es proteger la salud y el bienestar de la humanidad. El cannabis está sometido a control por la Convención de 1961, que exige a los Estados partes limitar su uso a fines médicos y científicos, debido a su potencial para causar dependencia”, indica Yans.
El experto belga incide en que “la decisión del legislador uruguayo no tiene en cuenta su impacto negativo en la salud, ya que los estudios científicos confirman que el cannabis es una sustancia adictiva con graves consecuencias para la salud de las personas”.
“En particular, el uso y abuso de cannabis por parte de los jóvenes puede afectar gravemente a su desarrollo”, recalca.
Ya en noviembre pasado, el presidente de la JIFE lamentó el escaso diálogo del Gobierno uruguayo con ese organismo durante el proceso de redacción de la ley y su posterior tramitación, concluida el martes con su aprobación en el Senado de Montevideo.
La JIFE es un organismo independiente y cuasijudicial dentro de Naciones Unidas cuya misión es velar por el cumplimiento de las Convenciones de Naciones Unidas sobre las drogas.
Sin competencias para establecer sanciones, en el pasado ya criticó la aprobación de leyes que prevén el uso terapéutico de la marihuana en distintos países.
Más recientemente, criticó la legalización para el uso con fines recreativos de esa sustancia en los estados de EEUU de Colorado y Washington.
En una entrevista a Efe cuando se tramitaba la ley uruguaya, Yans aseguró que la violación de la convención podría tener “consecuencias” para “el comercio internacional de Uruguay de otras sustancias”, como la morfina y la codeína, aunque rehusó dar más detalles.
En cualquier caso, la pionera ley uruguaya será uno de los grandes temas de debate en marzo próximo, cuando se reúna en Viena la Comisión de Narcóticos, el órgano ejecutivo de Naciones Unidas sobre políticas de drogas.
El proyecto impulsado por el presidente de Uruguay, José Mujica, legaliza la compraventa y el cultivo de marihuana y establece la creación de un ente estatal regulador que se encargará de emitir licencias y controlar la producción y la distribución de la droga.
Los consumidores registrados, según prevé la normativa, podrán comprar marihuana en farmacias especialmente habilitadas, hasta un máximo de 40 gramos por mes, o cultivar en casa hasta seis plantas que produzcan no más de 480 gramos por cosecha.
