EFE
En la rueda de prensa bisemanal de la ONU en Ginebra, la portavoz de la Oficina Ravina Shamdasani anunció que, solo este año, tuvieron constancia de 14 casos en los que los funcionarios requirieron una revisión adicional.
La portavoz aseguró que recibieron otros informes que indican que docenas de ciudadanos pueden haber sido interceptados de esta forma antes de emprender sus viajes sin recibir ningún tipo de explicación por parte de las autoridades cubanas de por qué estaban siendo retenidos o por orden de quién.
El Alto Comisariado denunció que estas medidas provocaron que muchos pasajeros perdieran sus vuelos y no pudieran acudir a reuniones en el extranjero, algunas de ellas organizadas por agencias de las Naciones Unidas.
Asimismo, la Oficina teme que con estas medidas, Cuba evite que algunos individuos viajen a Ginebra donde el próximo 14 de mayo la isla debe someterse al Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos, aunque no tienen información específica al respecto.
El EPU es una evaluación sobre el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales a la que deben someterse los 193 países de Naciones Unidas.
Shamdasani admitió que el vicesecretario general de derechos humanos, Andrew Gilmour, mantuvo contactos “recientemente” con las autoridades cubanas.
La portavoz añadió que tanto Gilmour como el Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, y otros titulares de mandatos especiales mostraron su preocupación “sobre la represión ejercida contra defensores de derechos humanos en Cuba”.
La oficina considera que estos casos sugieren que “estas comprobaciones adicionales se usan deliberadamente como una forma de intimidación, presión y acoso contra determinados individuos”.
Según el organismo, miembros de organizaciones de la sociedad civil fueron informados verbalmente por las autoridades de que sus representantes no podrían abandonar la isla antes del mes de junio.
El Alto Comisariado instó a las autoridades cubanas a respetar el derecho universal a la libertad de expresión y de movimiento y a asegurar que los defensores de derechos humanos y los representantes de la sociedad civil no tengan dificultades para abandonar el país, incluyendo aquellos que pretenden asistir a reuniones de la ONU y, en particular, al EPU.
