El Congreso entró a una gran controversia debido a que mientras se aprobaba por unanimidad en Diputados el pedido de juicio político contra el presidente Santiago Peña, el Senado daba ingreso a su renuncia, y dejaba en incertidumbre cuál de los dos instrumentos debía ser tratado.
Los senadores colorados buscan imponer la aprobación de la renuncia por sobre la postura de la oposición que quiere dar prioridad al juicio político para que sea destituido y luego sometido a la Justicia.
Por el contrario, la renuncia le brinda calidad de senador vitalicio al mandatario, con lo que tendrá fueros e imposibilitará a la Fiscalía imponerle una imputación y las medidas preventivas de forma inmediata, y más bien deberá solicitar al Congreso el desafuero, con lo que el presidente tendrá más tiempo a favor.
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El argumento de los colorados es acelerar el trámite de renuncia para que asuma el vicepresidente Pedro Alliana y rápidamente vuelva el país a la normalidad, ya que el juicio tendrá un proceso más extenso, porque Peña deberá ejercer el derecho a su defensa.
Sin embargo, los opositores responden que lo que se busca es acortar el tiempo no solo para proteger al presidente, sino para evitar un repudio al Partido Colorado y que esto tenga un costo electoral.
El abogado constitucionalista Emilio Camacho asegura que el Congreso tiene la opción de elegir entre ambas figuras sin necesidad de darle trámite al juicio político, a pesar de que ya fue aprobado en Diputados.
El artículo 202 de la Constitución Nacional, en su inciso 16, atribuye al Congreso la facultad de aceptar o rechazar la renuncia, al reunirse ambas cámaras, por mayoría simple. Si se acepta, el juicio no corre, según Camacho.
La salida de Peña se da a raíz de la crisis financiera generada por irregularidades en ueno bank con los fondos públicos. El Banco Central dio muerte a la entidad y los ahorros de 3 millones de personas quedaron atrapados.
El presidente fue denunciado ante el Ministerio Público por tener relación directa con el ente privado y facilitar su crecimiento exponencial con fondos públicos, en complicidad con el Grupo Vázquez, cuyos directivos están todos imputados.
