“Nuestra prioridad actual es concluir las obras con seguridad para beneficio de la ciudad y sociedad quiteña”, aseguró Hueb en un comunicado facilitado por Odebrecht.
El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, informó ayer durante una visita a las obras del subterráneo su aprobación a la reorganización del consorcio ya que no había recibido objeciones de los organismos multilaterales que financian el proyecto, como el Banco Mundial (BM) o la Corporación Andina de Fomento (CAF).
Aseguró, en declaraciones a medios locales, que dio este paso “en virtud de que el propio consorcio lo había solicitado en el mes de octubre” y que la salida de Odebrecht implicaba la “cesión de la totalidad” de responsabilidades de la empresa brasileña.
En su comunicado de hoy, Odebrecht señaló que “desde el 4 de abril” este proceso de cesión a Acciona “se encuentra suspendido” y que esta decisión “fue formalmente comunicada al señor Alcalde de Quito el 18 de abril”, según Hueb.
Para Hueb, la aprobación de la cesión “será válida en caso de que los socios del consorcio decidan retomar las negociaciones de cesión”.
“Y así lo informó la empresa por escrito al alcalde el mismo día viernes 28 de abril”, destacó el comunicado.
La obra del metro de Quito, cuyo proyecto abarca 22 kilómetros de túnel y 15 estaciones, fue adjudicada al consorcio hispano-brasileño en 2015 por más de 1.500 millones de dólares.
Ecuador abrió una investigación tras la revelación de la Justicia estadounidense, en diciembre pasado, de que la constructora brasileña pagó entre 2007 y 2016 unos 33,5 millones de dólares a funcionarios del país andino.
Un escándalo de corrupción que se investiga también en Argentina, Chile, Colombia, México, Portugal, Perú, República Dominicana, Venezuela y Brasil.
La dimensión internacional del escándalo se conoció a finales de 2016 cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. reveló que la multinacional admitió haber pagado 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África.
La multinacional brasileña ha alcanzado acuerdos judiciales con los Gobiernos de EE.UU., Brasil y Suiza, y pagará multas que suman al menos 2.047 millones de dólares.
