El juez manifestó que solicita el desafuero para que pueda ser llamado para la audiencia de imposición de medidas.
Por otra parte, el fiscal Martín Cabrera ya pidió su sobreseimiento provisional; además, solicitó obtener un año más de plazo para realizar cuatro pericias caligráficas pendientes en la investigación.
Asimismo, el abogado defensor del diputado, José González Macchi, había manifestado que Aduanas ha dispuesto de manera irrevocable la inexistencia de contrabando y lo que está todavía en discusión es la producción de documentos no auténticos.
ANTECEDENTES DEL CASO. La causa empezó con una denuncia de Aduanas que señalaba que la empresa Intercom SA (del diputado) emitió una factura por USD 17.600 por la importación de 111 ruteadores. Pero luego se detectó que se trataba de una carga de decodificadores de televisión y que la importación estaba valorada en USD 1.026.000.
Tras importar la carga de decodificadores, para pagar impuestos por un cargamento de ruteadores, la empresa Intercom vendió los aparatos a la firma Sitesa SA. Luego de ganar una licitación, esta empresa vendió a su vez a la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) los decodificadores para una implementación del sistema digital por una suma de aproximadamente de USD 6.000.000.