La televisión estatal iraní afirmó hace cinco días, en un recuento propio, que 41 personas habían fallecido en los disturbios desatados tras la detención el día 13 y posterior muerte en una comisaría de Mahsa Amini, de 22 años, supuestamente por llevar mal puesto el pañuelo sobre la cabeza, obligatorio en los espacios públicos en Irán para mujeres que hayan pasado la pubertad.
Según información obtenida por esta oenegé, ha habido muertes en dieciséis provincias, 26 de ellas en la de Mazandarán, 11 en Gilan, 11 en Azerbaiyán oeste, 6 en Kermanshah y el Kurdistán; 5 en Alborz y 4 en Teherán.
Iran Human Rights habla también de “miles” de manifestantes y activistas civiles arrestados y denuncia que sitios web afiliados al Gobierno iraní han compartido videos con falsas confesiones obtenidas bajo amenaza y tortura.
El acceso a internet ha sido interrumpido de forma severa o cortado completamente en la última semana y varias plataformas digitales extranjeras como Instagram, WhatsApp o Signal se han caído, asegura esta organización.
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“Usar munición real contra los manifestantes es un crimen internacional y la comunidad internacional tiene el deber de prevenir y parar estos crímenes”, afirmó en un comunicado el director de esta organización, Mahmood Amiry-Moghaddam.
Amiry-Moghaddam reclamó el apoyo “firme” a las demandas de los manifestantes y la activación de mecanismos para que la ONU haga responsable al régimen iraní.
Nacida en 2005 y registrada en Noruega desde 2009, Iran Human Rights (IHRNGO) asegura estar formada por personas de dentro y fuera de Irán y cuenta con miembros en Estados Unidos, Canadá, Japón y varios países europeos.
