Ambos están imputados por lavado de dinero, mientras que Ramón González Daher también es investigado por usura.
A finales de noviembre, el Tribunal de Apelación también había ratificado la prisión de los mismos. La Fiscalía había pedido la medida para padre e hijo ante el riesgo de que obstruyan la investigación en su contra.
Para la defensa, que había pedido medidas alternativas, no solo tenían derecho a soportar el proceso en un régimen de libertad, sino que también, de comprobarse los hechos punibles económicos, se podía llegar a una conciliación con las supuestas víctimas.
La investigación del Ministerio Público apunta a un esquema que consistía en otorgar préstamos a personas y como garantía se les entregaban cheques precitados o se les hacía firmar pagarés. Así utilizaban estos documentos para realizar denuncias en carácter de supuestas víctimas de estafas.
Aparentemente, González Daher llegó a cobrar intereses del 100% por el dinero que prestaba, según los datos que manejan las autoridades.
El mencionado juez penal de garantías había ordenado la prisión preventiva de los mismos en la Agrupación Especializada el 15 de noviembre pasado, y al tercer día los abogados de los González ya habían apelado, primeramente la imputación y posterior prisión preventiva, sin embargo la Cámara de Apelaciones los rechazó, siendo este el primer intento para salir de la cárcel.
El abogado Jorge Bogarín el 21 de noviembre intentó nuevamente la libertad de sus clientes, atacando las causales por usura y lavado de dinero, argumentando que los mismos prescribieron, con lo que solicitaron también el sobreseimiento definitivo. Sin embargo dichas solicitudes fueron denegadas por el magistrado.
La última petición fue el 10 de diciembre pasado, alegando que no existe peligro de fuga de los procesados, además la defensa manifestó que Ramón González Daher se encuentra enfermo.
La imputación a Ramón González Daher por usura y lavado de dinero, y la de su hijo Fernando González Karjallo por lavado de dinero, fue tras una denuncia radicada en abril pasado por los socios del Sportivo Luqueño, Richard Torres y José Leandro Villalba Baruja, contra dirigentes de dicha entidad, afines a los González Daher.
Se investigan las transferencias de los jugadores uruguayos Nicolás Avenatti, quien del Sportivo Luqueño fue al Bologna de Italia por USD 4 millones, y César Alejandro Folleti dos Santos, fichado en el mismo club italiano por el mismo monto. Los mismos nunca jugaron en el club paraguayo, por lo que se sospecha de un blanqueo.
La fiscala Sonia Pereira había iniciado una serie de pedidos de informes a Informconf, a la Confederación Sudamericana de Fútbol y a la Asociación Paraguaya de Fútbol, así como al Sportivo Luqueño.
También tomó declaraciones a los denunciantes, y luego fue recusada, por lo que el caso está ahora en manos del fiscal Silvio Alegre.
El Ministerio Público sigue recolectando documentos que incriminan a padre e hijo en cuanto a usura y lavado.