Diputados colorados y liberales de la Cámara de Diputados reflotaron el proyecto de ley que autoriza al MEF a pagar indemnizaciones a víctimas de la dictadura stronista que cuentan con resoluciones favorables de la Defensoría del Pueblo y cuyos expedientes fueron iniciados con anterioridad a la vigencia de la Ley 4381/2011.
Son cerca de 1.000 las víctimas que cuentan con dictamen favorable de la Defensoría del Pueblo para cobrar sus indemnizaciones bajo la Ley N° 838/96 y su modificatoria, es decir, una iniciativa anterior no prosperó y en esta ocasión, los legisladores vuelven a impulsar un documento similar.
Entre los pareceres técnicos, la Defensoría del Pueblo mantiene su postura de que corresponde a estas víctimas recibir los pagos demandados entendiendo que las leyes no son retroactivas y, por tanto, quienes iniciaron sus trámites antes del 2011 debe regirse por la ley que entonces estaba vigente, mientras que la Procuraduría General de la República en esta ocasión emitió un dictamen no vinculante y tiró la responsabilidad al MEF.
Al respecto, el Ministerio de Economía y Finanzas argumenta en su dictamen que el proyecto tendría un impacto de G. 112.140 millones, unos USD 15,9 millones, que se sumarían a los G. 199.566 millones (USD 28,3 millones), en concepto de indemnizaciones pendientes de pago que se arrastran desde el 2012.
En este sentido, la institución alerta que de aprobarse la propuesta, el impacto financiero acumulado podría alcanzar G. 311.706 millones, equivalentes a más de USD 44,2 millones.
El MEF también advierte que la llegada constante de nuevas resoluciones continúa ejerciendo presión sobre el presupuesto destinado al Objeto del Gasto 845, correspondiente a “Indemnizaciones”, que ya registra un déficit acumulado.
El MEF cuestiona eliminación del filtro de la PGR
Uno de los principales cuestionamientos de la cartera económica apunta a la eliminación de la intervención obligatoria de la Procuraduría. El MEF sostiene que este mecanismo constituye un filtro institucional para verificar la procedencia de las indemnizaciones y proteger los intereses patrimoniales del Estado.
El informe recuerda que la Ley Nº 4381/2011, que modificó la Ley Nº 838/96, otorgó carácter vinculante a la evaluación de la PGR. La cartera fundamenta además la importancia de esta intervención en el artículo 246 de la Constitución Nacional, que establece que corresponde al procurador general la defensa y representación de los intereses patrimoniales de la República.
Desde el Ministerio advierten que prescindir de este control podría abrir la puerta a pagos en expedientes en los que la PGR ya determinó que no existen pruebas suficientes para acreditar fehacientemente la condición de víctima de la dictadura entre 1954 y 1989.
La institución considera que esto podría derivar en un perjuicio para las arcas públicas, al comprometer recursos que podrían ser destinados a otras áreas prioritarias.
Además, alerta sobre el riesgo de generar criterios administrativos contradictorios, mayor cantidad de litigios y costos adicionales para el Estado al eliminar un filtro que actualmente funciona como criterio unificado para estos casos.
La cartera recomienda analizar alternativas que permitan atender los reclamos de reparación histórica sin comprometer la sostenibilidad fiscal ni los mecanismos de transparencia y control sobre los recursos públicos.
Son siete los proyectistas, entre los cuales se encuentran los colorados Benjamín Cantero, Rubén Roussillon, Carlos Arrechea, Arturo Urbieta, así como los liberales Antonio Buzarquis, Pastor Vera y Arnaldo Valdez. El documento figura para su tratamiento en la sesión de este martes.
