Estados Unidos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU (OACNUDH), la OEA, entre otros, condenaron los arrestos de los opositores y demandaron su libertad inmediata.
El excanciller José Pallais fue el último capturado, en la ciudad de León, en medio de una redada contra líderes de la oposición que comenzó el 2 de junio con el arresto domiciliar a la aspirante a la presidencia Cristiana Chamorro.
La policía investiga a Pallais por “incitar la intervención extranjera en los asuntos internos”, “pedir intervenciones militares” y organizarse con fondos externos para “ejecutar actos de terrorismo y desestabilización” del gobierno de Ortega, según un comunicado.
Los delitos imputados a Pallais y a otros seis opositores detenidos, entre ellos cuatro precandidatos a las elecciones de noviembre, están contemplados en la ley de Defensa de los Derechos del Pueblo y Soberanía y de agentes extranjeros, aprobada en diciembre por iniciativa del gobierno.
Pallais es miembro del bloque opositor denominado Coalición Nacional y durante las protestas contra Ortega en 2018 formaba parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), contraparte del gobierno en el diálogo que intentó buscar una solución al conflicto.
Cuatro aspirantes a la presidencia de Nicaragua han sido detenidos en la última semana: el politólogo Félix Maradiaga, el economista Juan Sebastián Chamorro García, el exdiplómatico Arturo Cruz y la periodista Cristiana Chamorro.
También están detenidos el expresidente del gremio de empresarios José Adán Aguerri y la activista de la sociedad civil Violeta Granera.
Cristiana, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y bajo arresto domiciliar, era la principal rival a las elecciones de Ortega, de 75 años y con 14 en el poder, según sondeos de opinión. El mandatario no ha oficializado sin embargo si buscará un cuarto mandato sucesivo.
- Sanciones -
Estados Unidos, que ha considerado arbitrarios los arrestos, llamó el martes “dictador” a Ortega y el miércoles dispuso sanciones económicas a cuatro funcionarios cercanos al mandatario, entre ellos su hija Camila Antonia Ortega Murillo.
El Departamento del Tesoro dijo que sancionó a estos responsables por su apoyo “al régimen de Ortega, que ha socavado la democracia, abusado de los derechos humanos de la población civil, promulgado leyes represivas con graves consecuencias económicas e intentado silenciar a los medios informativos independientes”.
“Estados Unidos continuará utilizando todas las herramientas diplomáticas y económicas a nuestra disposición para apoyar a los nicaragüenses”, dijo el Secretario de Estado, Antony Blinken, al anunciar las sanciones.
Ahora suman 28 las personas sancionadas por Estados Unidos, entre familiares, allegados y funcionarios; además de tres entidades, entre esas la Policía Nacional, señalada de violar derechos de los nicaragüenses.
Ante la situación, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro pidió, en una carta divulgada en Twitter, suspender la participación de Nicaragua del bloque regional porque considera que en el país “se produjo una alteración del orden constitucional”.
Almagro solicitó entonces al Consejo Permanente, que reúne a los 34 miembros activos de la OEA, realizar una reunión de urgencia para “considerarse la activación de los mecanismos necesarios para la aplicación a Nicaragua del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana”.
De su lado, la CIDH y la OACNUDH observaron en un pronunciamiento conjunto que los procesos penales contra los opositores violentan varios derechos y demandaron su “inmediata” liberación.
Según estos organismos, entre los derechos violentados a los detenidos están la libertad personal, principio de legalidad, presunción de inocencia, derecho a ser juzgado por un tribunal o juez imparcial y garantías al debido proceso.
La cancelación de la personalidad jurídica a dos partidos de oposición, el hostigamiento a defensores de derechos humanos, líderes sociales, periodistas y medios de comunicación “continúan socavando la posibilidad de realizar elecciones libres, justas y transparentes”, dijeron.
Amnistía Internacional de su lado mencionó que ante la “continua violación” del gobierno a sus compromisos internacionales de derechos humanos “requiere una respuesta urgente y enérgica” de la comunidad internacional.
- Gobierno reacciona -
El gobierno reaccionó a las sanciones de Estados Unidos calificándolas como “medidas ilegales arbitrarias, coercitivas y unilaterales” y como una nueva violación a la soberanía, según un comunicado distribuido a la prensa.
Las medidas de Washington “confirman” el “vendepatrismo” de los opositores detenidos “y las pretensiones y acciones terroristas y usurpadoras, que desde el intento de golpe de Estado del 2018 se han venido acentuando”, añadió el texto.
El gobierno considera que las manifestaciones masivas en 2018, que demandaban la renuncia de Ortega y que dejaron 328 muertos y miles de exiliados, según la CIDH, fueron un intento de golpe de Estado contra Ortega.
