Opinión

No olvidemos a las empresas públicas

Iván Lisboa - ilisboa@uhora.com.py

El Gobierno Nacional ha informado e insistido en que dentro de su plan de reactivación económica se viene un paquete importante de reformas del sector público, en busca de mejorar los bienes y servicios que ofrece a la ciudadanía. La nueva viceministra de Economía y secretaria ejecutiva del Equipo Económico Nacional, Carmen Marín, subrayó en entrevista con ÚH, días atrás, que las reformas ya no tienen vuelta atrás y recalcó que el consenso es la clave para lograr una mejora o potenciación en el bienestar de la población.

El proyecto de recuperación, de acuerdo con el documento divulgado oficialmente, contempla la reforma de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), con planes de convergencia del déficit y topes al endeudamiento; la Ley del Servicio Civil, por la cual se pretende establecer la carrera en la función pública y la obligatoriedad del concurso; la Ley de Administración de Pasivos, de modo a un manejo más eficiente de la deuda pública; y la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, con un ente regulador del sistema; entre otros.

Son proyectos bastante ambiciosos, a decir verdad. Pero nos estamos olvidando nuevamente de las deficientes empresas públicas.

En la actualidad, nuestro país cuenta con nueve compañías estatales: Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), Petróleos Paraguayos (Petropar), Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), Industria Nacional de Cemento (INC), Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), Cañas Paraguayas SA (Capasa) y Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa).

El bajo desempeño de estas empresas, lo que desemboca en servicios deficientes, más que una realidad, es hoy en día una pesadilla para la gente. La desalentadora proyección que hay en cuanto a rendimientos y sostenibilidad financiera en el corto y mediano plazo no hace otra cosa que causar pena y desilusión.

A meses de haber asumido, la administración de Mario Abdo Benítez había ordenado una auditoría general a las empresas públicas a fin de detectar las falencias, cosas a mejorar y acciones bien encaminadas. El Consejo de Empresas Públicas inició este análisis, pero tras la recesión que soportó la economía el año pasado y la pandemia de este año, este proceso quedó prácticamente abandonado.

La reestructuración directiva que en un momento se pensó desde el Gobierno Nacional tampoco funcionó. Un claro ejemplo es la ANDE, institución que va por su tercer titular en este periodo, pero el servicio de energía eléctrica solamente va en picada ante la falta de estrategias oportunas y despilfarros del dinero público.

En un informe publicado el año pasado por la fundación norteamericana Heritage, se destacó que las reformas en las compañías estatales se ven frenadas por los “elementos tradicionales del Partido Colorado”. El documento de este organismo internacional nos dejó un mensaje bastante fuerte: En sitios donde los méritos pasan a un segundo lugar y donde la prioridad es mantener una estructura productiva que responde a un modelo desfasado y prebendario, la calidad de los servicios solamente puede empeorar.

Pasaron dos años de esta administración pública y los viejos vicios continúan impunemente en las empresas del Estado. Las deficiencias en el servicio de energía eléctrica, de agua, de telefonía y petróleos, entre otros, seguirán por mucho tiempo si no hay un cambio brusco en el funcionamiento de estas compañías.

¿Qué espera el Ejecutivo para dignificar estos servicios públicos? En medio de un hartazgo que está tocando un techo muy elevado, por causa de la pandemia del Covid-19 y la fuerte caída de la actividad económica, dignificar estos servicios puede ayudar a descomprimir el malhumor social.

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