El diputado colorado por Paraguarí, Tomás Éver Rivas, del sector cartista, no solamente ha calcado el mismo proceder delictivo de su correligionario y ex colega, el ex diputado José María Ibáñez, al haber contratado a tres personas para emplearlas en su servicio doméstico, a quienes hizo figurar como funcionarios del Congreso y les hizo pagar sus salarios con dinero público, sino que recurrió a similares artimañas, principalmente chicanas jurídicas, para evitar ser desaforado y tener que rendir cuentas ante la Justicia.
Tras casi cinco años de haber conseguido burlar a la Justicia y a la ciudadanía, Ibáñez finalmente tuvo que ceder ante la indignación social expresada en movilizaciones de repudio, y decidió renunciar a su cargo como legislador en agosto de 2018. Por su parte, Rivas lleva casi dos años tratando de burlar a la Justicia a través de chicanas presentadas por sus abogados defensores y gracias a la protección cómplice de sus pares en la Cámara Baja.
El caso del diputado Rivas fue revelado en febrero del 2017, a través de una serie de reportajes de investigación realizada por periodistas de este diario. En el proceso se pudo demostrar que Reinaldo Chaparro Penayo (chofer), Lucio Romero Caballero (secretario privado) y Nery Antonio Franco González (chofer), quienes figuraban como funcionarios de Diputados, en realidad uno de ellos cumplía labores en un comercio familiar en Ybycuí, otro como casero en una residencia de Rivas ubicada en Lambaré y otro en su quinta ubicado en el Departamento de Paraguarí, pero todos ellos pagados con dinero del Estado y sin concurrir al lugar donde debían realmente trabajar.
Luego de más de un año de la publicación, el diputado Rivas y sus tres caseros fueron imputados por los delitos de cobro indebido de honorarios, estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso y uso de certificados. Solamente el delito de estafa tiene un marco penal de hasta cinco años de cárcel.
El fiscal anticorrupción Luis Piñánez pudo constatar que las tres personas en ningún momento estuvieron en sus puestos laborales en la Cámara de Diputados, ni siquiera en la zona del Parlamento, durante los días en que el diputado Rivas participó en sesiones ordinarias y extraordinarias en el recinto parlamentario, entre julio de 2016 y marzo de 2017.
Inicialmente, el juez Rubén Riquelme había solicitado a la Cámara Baja el desafuero de Rivas, quien planteó una apelación general en contra de dicho pedido, argumentando que la imputación en su contra no tiene fundamentos. A partir de allí se presentaron varias chicanas que dilataron su investigación. Ayer, la Sala Constitucional de la Corte rechazó in límine la última acción de inconstitucionalidad presentada el pasado jueves por el diputado Rivas, confirmando en la causa a la jueza Letizia Paredes.
De esta manera, ya no quedan excusas para que sus colegas lo sigan protegiendo y evitando que el mismo rinda cuentas ante la Justicia por varios delitos de corrupción. Solo falta voluntad política para decidir en la Cámara Baja acerca de este caso, que se ha vuelto también emblemático en la lucha ciudadana contra la corrupción. Es hora de que la mayoría de los legisladores dejen de amparar a los miembros del Congreso imputados o procesados judicialmente.
