El derrumbe de los techos y las paredes de varios edificios de escuelas y colegios, en algunos casos inclusive sobre las cabezas de los propios alumnos, en los últimos años se ha convertido quizás en el ejemplo más gráfico de que todo el sistema educativo en el Paraguay se estaba viniendo abajo.
Cuando se desató la crisis, la entonces ministra de Educación, Marta Lafuente, quien fue designada a principios del gobierno del presidente Horacio Cartes, inició el proceso para realizar 676 refacciones o reconstrucciones de locales escolares. En ese momento había unas 7.500 instituciones educativas del sector público en todo el país y el 80% de estos centros escolares se encontraban en pésimo estado. El costo del proyecto ascendía a 73 millones de dólares, y la financiación estaba prevista a través del Fondo de Excelencia para la Educación y la Investigación (FEEI). La ministra Lafuente tuvo que abandonar forzadamente la gestión cuando más escuelas y colegios empezaron a derrumbarse estrepitosamente y se denunciaron casos de sobrecostos en algunas licitaciones –principalmente el famoso caso del cocido de oro, revelado por una investigación de este diario– y los estudiantes secundarios salieron a las calles a movilizarse.
En su reemplazo asumió el dirigente político colorado Enrique Riera, quien prometió dar soluciones a los problemas, pero también fue objeto de denuncias periodísticas tras haber adjudicado parte de las obras a una empresa proveedora de alimentos. Finalmente tuvo que anular estas adjudicaciones y volver a iniciar el proceso. El contrato establecía que las obras debían entregarse en 270 días, entre mayo y agosto, pero para esa fecha solo se habían realizado en un 30%.
Varias otras dificultades se plantearon con respecto al proceso, pero las administraciones siguientes, la del ministro Raúl Aguilera y la del actual, Eduardo Petta, tampoco pudieron concluir a tiempo las construcciones y reparaciones de las escuelas. Un dilatado conflicto con las empresas fiscalizadoras contratadas, cuyos directivos piden más dinero que el que se había acordado, impide hasta ahora que las obras del llamado proyecto 676 puedan llegar a su fin, a cuatro años de haberse iniciado. Mientras, un informe que sostiene que 65% de las escuelas públicas de todo el país están en mal o pésimo estado de infraestructura, continúa vigente.
La incapacidad de cumplir con los plazos propuestos para las refacciones de los edificios revela la dimensión de la crisis y marca un fracaso en la gestión del MEC, que además de no poder mejorar a tiempo el aspecto edilicio tampoco ha podido mejorar aún los contenidos de la educación.
