El ministro de Defensa, Óscar González, insistió en que la extensión del ámbito territorial de las Fuerzas Armadas en toda la Región Oriental no es militarización, a pesar de las advertencias de expertos del Derecho sobre la inconstitucionalidad de esta medida.
No obstante, González reconoció que el decreto presidencial habilita la intervención militar en seguridad interna, en apoyo de la Policía Nacional. Señaló que si el presidente Santiago Peña no hubiera concretado la firma, no se hubiese podido colaborar en el caso del ataque con explosivos en un banco de Naranjal, Alto Paraná.
Explicó que este departamento no formaba parte de la jurisdicción del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), pero mediante el decreto, que extendió su influencia territorial a toda la Región Oriental, pudieron ayudar a la Policía.
Aclaró que la función de las Fuerzas Armadas es solo de apoyo, porque no pueden reemplazar las funciones de la Policía, y que siempre se actuará con el control del Ministerio Público y la autorización de una orden del Poder Judicial, con previa información de inteligencia.
El ministro indicó que con esta ampliación se pueden utilizar elementos de combate de las Fuerzas Armadas, cuando los grupos delictivos tienen armas de guerra o entrenamiento militar.
“No es militarización. Eso significa que, como se usaba en la guerra fría, se nombra un comandante de plaza, y las Fuerzas Armadas podían realizar todas las tareas que querían, pero nosotros no hacemos eso; respetamos a la Fiscalía y al Poder Judicial, y trabajamos en conjunto con la Senad, la Policía y otras instituciones”, expresó.
Inconstitucional. Profesionales del Derecho apuntan que la medida del Ejecutivo de extender las operaciones militares en el plano de la seguridad interna es en contra de la Constitución Nacional, porque esa es tarea de la Policía.
El abogado Jorge Rolón Luna indicó que estas acciones contradicen incluso al sistema interamericano.
“La intervención de las FFAA en cuestiones de seguridad interna es inconstitucional y contraria a los estándares internacionales en la materia, especialmente aquellos establecidos en el sistema interamericano”, expresó.
Rolón explicó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que cuando las FFAA intervienen en seguridad interna, se apeligra el propio funcionamiento del sistema democrático.
“Porque es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la Policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas (…) La historia hemisférica demuestra que la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna en general se encuentra acompañada de violaciones de derechos humanos en contextos violentos”, reprodujo Rolón.
Por su parte, la abogada Diana Vargas sostiene que para que haya intervención militar debe primero declararse el estado de excepción.
Llamó la atención también sobre el argumento del decreto para autorizar las operaciones de las Fuerzas Armadas, sobre que la Policía no abastece.
“Toda la Región Oriental militarizada porque la Policía está rebasada según algún que otro informe de inteligencia, por el terrorismo y el crimen organizado. Existe una ‘situación’ que amerita un estado de excepción de hecho. No se dimensiona lo grave que es esto”, alertó.
Senador dice que expansión de FFAA es stronismo 2.0
El senador Éver Villalba arremetió contra el Gobierno y sostuvo que el proceso de ampliación de la presencia militar en tareas de seguridad interna responde a un “modelo stronista 2.0”. Afirmó que desde que asumió el presidente Santiago Peña se inició una política de militarización progresiva en distintos puntos del país, lo que vulnera el espíritu de la Constitución Nacional.
Villalba recordó que la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) operaba hasta 2023 únicamente en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay. “Después, con la excusa de atraparle a Felipe Santiago Acosta, alias Macho, se extendieron a Canindeyú en el 2024. En el 2025, con la excusa de perseguir a grupos criminales, se extendieron a Itapúa, Misiones y Ñembucú”, señaló.
Cuestionó, además, la eficacia de los operativos. “Macho sigue vivito, incluso dándole camionetas a políticos para que hagan campañas políticas. Así que no tiene resultado”, expresó.
Por su parte, el senador José Oviedo señaló que la militarización mediante un decreto cuya legalidad está siendo cuestionada, incluso con menciones a un eventual juicio político al presidente, podría ser inconstitucional y sostuvo que, si la situación lo amerita, el Gobierno debería “blanquear” la decisión a través de los mecanismos institucionales correspondientes.
Sostuvo que si realmente corresponde militarizar el país ante la situación del crimen organizado y convertir el escenario en un Estado de excepción, debe hacerse de manera formal.“Si corresponde realmente militarizar el país ahora, convertir en un Estado de excepción esta situación del crimen organizado, bien”, manifestó, aunque planteó interrogantes: "¿Qué resultados esperamos con esto? ¿Cuánto tiempo va a durar esto?”, increpó.
