EFE
“Irse al otro barrio”, “el último adiós”, “criar malvas”, “pasar a mejor vida”..., son frases hechas que, con mayor o menor fortuna, se usan para referirse a una de las escasas verdades incuestionables de la existencia del ser humano: la muerte.
Una imposición biológica, “descansar en paz y para siempre”, es una realidad que deja de cumplirse en el caso de estos guatemaltecos.
El panorama que presenta el Cementerio General de Guatemala, ubicado en la capital y declarado Patrimonio Cultural de la Nación, es un auténticamente desolador.
Al deambular por sus casi 24 hectáreas, sus asiduos visitantes se encuentran con caminos cubiertos de maleza y bóvedas destruidas, víctimas de la indiferencia y el abandono, donde habitan unos invitados especiales y poco deseados: los buitres que pasean a sus anchas por lo que antes era un lugar de recogimiento y recuerdo.
A esta situación se suma el reciente desprendimiento de una de las partes del camposanto, que se llevó consigo la tranquilidad y el sosiego de medio centenar de difuntos que, en su mayoría, descansan sobre el vertedero municipal, ubicado al lado del cementerio.
Desde el primer derrumbe en el año 2010, ya son 170 las tumbas que han caído y, aunque algunos restos se recuperaron, gran parte se han perdido entre el fango y los escombros que la municipalidad de Guatemala vierte como relleno para elevar la altura del terreno.
La demanda de los familiares afectados por esta coyuntura es rotunda: "¿Qué va a pasar con nuestras familias?”.
Según contaron, hace años que esta situación “se veía venir” y denuncian que las instituciones gubernamentales, en particular el Ministerio de Salud a cargo del recinto, hicieron oídos sordos a unas súplicas que anticipaban este desenlace y que puede ser peor para los mausoleos que aún resisten en pie.
Jorgue Higueros, empleado del Ministerio de Trabajo, es uno de los afectados por esta desidia.
Dijo que ahí está su familia y que lo único que pide es poder trasladarla de ubicación antes de tener que ir a recoger a su hija en el basurero.
“Necesitamos voluntad, porque hay opciones”, propone, y agrega que hará todo lo necesario para rescatar a su “querido retoño”.
Édgar Estuardo, un joven que tiene en el área dañada a nueve familiares fallecidos, reclama un remedio para que no terminen en el albañal: “No son animales. Son seres humanos”, dice con lágrimas en los ojos.
Hace apenas tres meses que otra de las damnificadas, María Patricia, enterró a su hija en la zona afectada. Nadie le advirtió del peligro. Ahora solicita una y otra vez trasladar los restos de su pequeña, una petición que le ha sido denegada porque las autoridades recomiendan no acercarse.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) alertó de esta situación en el año 2010 y sugirió establecer un área de seguridad de 30 metros, realizar trabajos de mitigación para evitar más deslizamientos y controlar los drenajes.
Sin embargo, “ninguna de esas recomendaciones se consideró”, reconoce su portavoz, David de León, y añadió que su institución está a la espera de un informe que emita un nuevo diagnóstico.
Por su parte, el administrador del cementerio, Miguel García Granados, explicó a Efe que están “esperando respuestas” de las autoridades y que el camposanto que él dirige no puede tomar ninguna medida porque su presupuesto es muy limitado.
Pero lo peor puede estar por venir. La época de lluvias en Guatemala no ha hecho sino empezar y con ella, los desplomes amenazan con continuar devastando al cementerio que, de seguir así, desafía el reposo de la mayoría de sus inquilinos.
Los muertos aún deben esperar para ver si alguien les ofrece una solución que los deje, por fin, descansar en paz.
