La promesa de erradicar el nepotismo en el Estado paraguayo sigue lejos de cumplirse. A pesar de recientes modificaciones legales y del creciente escrutinio ciudadano, la práctica de ubicar a familiares en cargos públicos no solo persiste, sino que en muchos casos termina sin consecuencias reales para los responsables. El problema no radica únicamente en la comisión de estos hechos, sino en la forma en que el sistema institucional los procesa, o evita procesarlos.
La Ley Nº 7302/2024, que modificó la normativa anterior sobre nepotismo, fue presentada como un avance. Sin embargo, su alcance resulta limitado. La legislación vigente establece sanciones administrativas como la nulidad del acto, la devolución de salarios percibidos indebidamente y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, pero evita incorporar castigos penales efectivos. Este vacío resulta determinante para comprender por qué los casos, incluso los más mediáticos, terminan diluyéndose.
En los últimos años, varios escándalos de supuestos casos de nepotismo sacudieron a la opinión pública, principalmente en el Congreso. Designaciones de hijos, sobrinos y otros parientes de legisladores en cargos administrativos, muchas veces sin cumplir funciones efectivas, expusieron un esquema de “planillerismo” sostenido con recursos del Estado. Estas situaciones, lejos de generar sanciones ejemplares, derivaron en investigaciones parciales o en respuestas institucionales débiles.
En la práctica, los pocos casos que logran atravesar el filtro institucional y llegar al ámbito penal suelen ser encuadrados bajo figuras como el cobro indebido de honorarios. A partir de allí, el desenlace es, en la mayoría de los casos, predecible: salidas procesales alternativas que permiten a los imputados eludir una condena.
Uno de los mecanismos más utilizados es la suspensión condicional del procedimiento. Esta figura permite interrumpir el proceso penal bajo ciertas condiciones, como la reparación del daño, generalmente mediante la devolución de una suma de dinero, y el cumplimiento de reglas de conducta durante un período de prueba.
Si estas condiciones se cumplen, la causa se extingue, el imputado queda libre de antecedentes y el hecho, en términos prácticos, desaparece del sistema.
Casos emblemáticos de funcionarios vinculados a legisladores que fueron imputados por planillerismo o cobro indebido terminan cerrándose sin sanciones. En algunos expedientes, incluso, los involucrados logran mantener sus cargos o reincorporarse a la función pública.
SALIDAS. Entre los pocos casos que llegaron a instancias penales destacan dos expedientes que reflejan con claridad el funcionamiento del sistema. Uno de ellos es el de Danna Maricela y Johana Giménez Rotela, hijas del diputado Cleto Giménez; y Elías Martín Godoy Torres, hijo de la diputada Roya Torres. En ambos casos, los imputados evitaron un juicio oral y público mediante la aplicación de esta salida procesal. A cambio, debieron cumplir condiciones mínimas, como la devolución de montos considerados ínfimos en relación con el perjuicio causado.
Tras el cumplimiento del período de prueba, las causas se extinguen y los involucrados quedan sin antecedentes.
Desestimados. Algunos casos directamente fueron cerrados por el Ministerio Público, como el de Silvana Jazmín Busto Adorno, hija del diputado José Domingo Adorno, cuya causa fue desestimada.
Hay situaciones denunciadas públicamente que no derivaron en investigaciones formales, como de Berenice Ayelén Sosa Cabrera, sobrina del presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez, y el de Camila Lucía Figueredo Díaz, hija del legislador Héctor Bocha Figueredo.
“Falta de política criminal para enfrentar la corrupción y planillerismo erosionan la credibilidad”
El denominador común en todos estos expedientes es la utilización de herramientas procesales que evitan el juicio y la sanción penal. La suspensión condicional del procedimiento, prevista en el Código Procesal Penal, se ha convertido en la vía más frecuente para cerrar casos de corrupción vinculados al nepotismo.
Entre los pocos casos que llegaron a instancias penales, destacan dos expedientes que reflejan con claridad el funcionamiento del sistema, el de Danna Maricela y Johana Denise Giménez Rotela y otros s/ cobro indebido de honorarios, funcionarias planilleras de la Cámara de Diputados, hijas del diputado Cleto Giménez. La resolución fue la de suspensión condicional del procedimiento. Otro caso fue el de Elías Martín Godoy Torres y otros s/ cobro indebido de honorarios”, funcionario planillero, hijo de la diputada Roya Torres, cuya resolución también fue la suspensión condicional del procedimiento.
“Esta dinámica se da en un contexto de creciente cuestionamiento al funcionamiento del Ministerio Público. La falta de una política criminal clara para enfrentar la corrupción cotidiana, como el nepotismo o el planillerismo, sumada a denuncias de injerencia política en decisiones clave, debilitan la confianza ciudadana en las instituciones. Lejos de ser un fenómeno aislado, se trata de un problema estructural que erosiona la credibilidad institucional”, dijo la activista anticorrupción Esther Roa.
