El senador Colym Soroka presentó el proyecto de ley que plantea modificaciones estructurales a la normativa del programa Hambre Cero con el objetivo de descentralizar su ejecución y asegurar que los beneficios lleguen efectivamente al sector productivo nacional, especialmente a la agricultura familiar.
Soroka enfatizó que el eje del proyecto no pasa por quién administra los recursos, sino por garantizar que el programa cumpla su objetivo original: beneficiar a los pequeños productores. “La idea no es quién administra, sino que la oportunidad llegue al que produce”, sostuvo.
La iniciativa, acompañada por legisladores como Óscar Salomón, José Oviedo, Carlos Núñez, Noelia Cabrera, Luis Pettengill, Mario Varela y Enrique Salyn Buzarquis, propone mantener al Ministerio de Desarrollo Social como órgano rector, pero dividir la ejecución: centralizada en Asunción y el Departamento Central, y municipal en el resto del país.
El legislador cuestionó que, tras más de dos años de implementación, el programa no logró impactar como se esperaba en el interior del país ni en la agricultura familiar. Señaló la falta de planificación y de un itinerario claro que permita articular la producción local con la provisión de alimentos escolares.
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En ese sentido, insistió en que se debe establecer una conexión directa entre la chacra y la mesa escolar y cuestionó la gestión del ministro de Agricultura, Carlos Giménez. “La idea es que la producción nacional abastezca al programa. No tiene sentido enviar alimentos desde la capital a cientos de kilómetros sin condiciones adecuadas de conservación”, afirmó, al cuestionar la logística actual.
También apuntó a la necesidad de mayor involucramiento del Ministerio de Agricultura, al que criticó por su escasa presencia en los problemas del sector. Indicó que el programa representa una oportunidad para fortalecer la agricultura familiar, actualmente golpeada por la baja rentabilidad de rubros tradicionales como la yerba mate.
Además, el proyecto incorpora un “blindaje” para los fondos del arancel cero, estableciendo que los recursos no podrán ser recortados ni reprogramados, y prevé mecanismos de control como auditorías semestrales de la Contraloría y sanciones patrimoniales para casos de malversación.
La propuesta fue girada a las comisiones de Legislación, Hacienda y Cuentas para su análisis antes de su tratamiento en el pleno del Senado.
