Menos de diez postulantes se han presentado hasta el momento a la convocatoria para el cargo de fiscal general. La Carta Magna establece que el fiscal dura cinco años en sus funciones, y es nombrado por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, a propuesta de una terna del Consejo de la Magistratura.
Este es un puesto de gran relevancia para la República. El Ministerio Público, de acuerdo con la Constitución Nacional, representa a la sociedad; además debe velar por el respeto de los derechos y de las garantías constitucionales; promover acción penal pública para defender el patrimonio público y social, el medioambiente y otros intereses difusos, así como los derechos de los pueblos indígenas, entre otros deberes.
Nuestra actual realidad de sucesivos hechos de corrupción pública e impunidad, así como las críticas ante la gestión de la actual fiscala general, quien ha capeado en este año varios intentos de juicio político, constituyen motivos suficientes para exigir a quienes tienen en sus manos este nombramiento: la República del Paraguay necesita de un Ministerio Público que esté liderado por una persona objetiva, independiente y sin compromisos, que no tenga cercanía con ningún sector sea político o económico, para de esta manera poder combatir la corrupción y la impunidad, los dos terribles males que amenazan a nuestra democracia.
Un fiscal general goza de toda la autonomía que le otorga la ley, para de esta manera poder realizar su trabajo con absoluta independencia, libre de presiones o imposiciones. Ese es sin dudas el gran desafío que enfrentamos.
La situación raya en la complejidad en tal medida que recientemente, durante la reunión que mantuvieron representantes del Poder Legislativo con el coordinador anticorrupción global del Departamento de Estado EEUU, Richard Nephew, el funcionario norteamericano mostró gran interés en el proceso de selección para la Fiscalía General del Estado. En la ocasión, los legisladores remarcaron la preocupación ante la presencia de la criminalidad transnacional con la complicidad de narcodiputados y la falta de institucionalidad de la Justicia.
Resulta preocupante sin embargo que la elección del nuevo fiscal general tenga lugar precisamente en tiempo electoral, lo cual nos conduce a señalar la importancia de contar con instituciones más fuertes, que sean capaces de soportar las presiones pero, sobre todo, que la elección del funcionario que deberá representar a la sociedad no sea el fruto de un pacto de impunidad. En este sentido, la actual fiscala general ha sido objeto de numerosas críticas por la parcialidad que ha mostrado a la hora de realizar investigaciones a ciertos sectores políticos con mayor entusiasmo y rapidez que a otros. Lamentablemente fue su propia gestión la que ha abonado el extendido sentimiento de escepticismo y falta de credibilidad.
La Fiscalía es un órgano que tiene una obligación esencial de frente a la sociedad, y debe ser prescindente de cuestiones político-partidarias. La Justicia, si no se mantiene imparcial, equilibrada y ecuánime, no es Justicia. Esto adquiere una mayor importancia en nuestro país considerando la facilidad que ha encontrado el crimen organizado para filtrarse dentro de las instituciones del Estado y dentro de la política.
En el Paraguay, una de las grandes desgracias del tiempo que vivimos es el peligro que corremos de normalizar la incursión del dinero sucio en la política. Se debe poner freno a la influencia del crimen organizado en la política, antes de que el crimen organizado y el narcotráfico borren al Estado paraguayo. Y eso no será posible sin una Fiscalía General independiente y sin compromisos.
