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Nativos exigen destitución de fiscal tras quema de viviendas

El principal líder de la comunidad indígena aché de Chopapou, Marciano Chevugi, exigió la destitución del fiscal Lucrecio Cabrera -de Curuguaty- por la quema de unas 18 viviendas en la comunidad Jetyty Mirĩ, distrito de Ybyrarobaná (Canindeyú), ocurrido la semana pasada.

El dirigente calificó de incompetente y "vendido" al fiscal Cabrera. "Tengo gran preocupación porque los indígenas no pueden ser desalojados de sus propias tierras, porque antes de que se fundara el Estado paraguayo los pueblos indígenas ya existían, y con dolor profundo en mi alma exijo al Estado paraguayo el respeto a los pueblos indígenas", afirmó.

"Me duele tener a un fiscal incompetente en nuestra institución, que se vende a personas que tienen más recursos", acusó Cevugi, al tiempo de exigir la inmediata intervención del Gobierno para que las familias desalojadas vuelvan a sus tierras en Jetyty Mirĩ y que sus tierras sean respetadas, informó el corresponsal de Última Hora Elías Cabral.

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Finalmente, el líder aché indicó que con su gente se sumó a la manifestación con cierre de ruta que se realiza en el cruce 7 Montes del distrito de Curuguaty, donde permanecerá hasta tanto sea destituido el representante del Ministerio Público, según anunciaron.

Repudian actuar

Al respecto, el equipo Pastoral Indígena Espíritu Santo, de la Congregación Misionera Siervas del Espíritu Santo, que trabaja para el aseguramiento territorial en medio de las comunidades del pueblo Ava Guaraní del norte de Alto Paraná y de Canindeyú zona alta, emitió un pronunciamiento.

El equipo pastoral lamentó que el desalojo ordenado por el fiscal Cabrera fuera el que desencadenara en el hecho de que al día siguiente procedieran a la quema de las casas.

La congregación afirma que dicha comunidad está asentada en su territorio ancestral del inmueble de quinientas hectáreas que fue adquirida por el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) en el año 1996, individualizado como finca Nº 1679. Esto además de constar en los registros oficiales, Censo 2002 y el Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos Indígenas de 2012, indicaron.

Por estos motivos exigen "que se respete la Constitución Nacional en su artículo 64, donde dice que no se podrá enajenar la tierra de los indígenas; en segundo lugar, que no se criminalice la presencia de los indígenas en sus tierras ancestrales y que se le devuelva la tierra comprada por el Estado a la comunidad Jejyty Mirĩ", entre otros pedidos.


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