Los destellos de muerte en una imagen de Pedro Juan Caballero vista una y otra vez en los noticieros marcaron el epílogo de una, sucesión de hechos infames que dibujan de manera aterradora un país fagocitado por las mafias. Fueron más de cien fogonazos los que acabaron con la vida de tres jovencitas -entre ellas la hija del gobernador del Amambay- y de Osmar Álvarez, conocido en el negocio de las drogas con el alias de Bebeto.
Acababan de salir de una fiesta y se disponían a subir a la camioneta de Bebeto cuando un escuadrón de asesinos los roció de balas. La aparatosidad del cuádruple homicidio y la identidad de una de las víctimas presionaron de tal forma a la anquilosada maquinaria del Estado que en pocos días los investigadores lograron detener a presuntos implicados en la ejecución, y construir una hipótesis sólida sobre quién sería el autor moral de la masacre.
El allanamiento del lugar desde donde operaba el sospechoso provocó la primera desagradable sorpresa. Lo fueron a buscar a la penitenciaría de Pedro Juan caballero. La comitiva no se encontró con una oscura celda. En un amplio espacio de pisos de porcelanato y paredes recién pintadas, donde había mesas de billar, televisores de plasma, wifi y muebles de oficina, el narco Faustino Ramón Aguayo administraba su negocio con ocho teléfonos móviles y en la grata compañía de su pareja, una mujer ajustada a los cánones de belleza del hampa, bisturí de por medio.
Hasta hacía solo unos meses, Aguayo era uno de los narcos más buscados de la región. Pesaba sobre él una orden de captura internacional. Una tarde, Aguayo se presentó ante el juez Mirko Valinotti y pidió su prisión en la penitenciaría de Pedro Juan Caballero alegando que se había sometido a una operación del corazón y que su cardiólogo residía en la capital del Amambay. Como si no hubiera otros especialistas en el país, el magistrado aprobó cándidamente el pedido.
Valinotti dijo después que no sabía de los antecedentes de Aguayo y reconoció que nunca se comunicó con la Senad para preguntar. Por cierto, los fiscales que investigaban a Aguayo afirmaron que el juez ni siquiera les informó que el hombre se había entregado, y tampoco lo hicieron las autoridades del penal de Pedro Juan Caballero.
Así, de ser buscado internacionalmente, Aguayo pasó a operar con tranquilidad desde su celda VIP en la capital del Amambay y con custodia pública. La mujer que lo acompañaba en la celda resultó ser la viuda de un ex agente de la Senad abatido por sicarios en diciembre pasado. El hombre abandonó las filas de la policía y pasó a operar con el Primer Comando Capital, el temible PCC, la mayor organización criminal brasileña. Antes de su trágica muerte, el ex agente oficiaba de chofer de Minotauro, uno de los cabecillas del PCC.
La viuda reveló -y esta era la hipótesis de la Fiscalía- que antes de relacionarse con Aguayo tuvo una relación con Bebeto, el narco abatido con la hija del gobernador. El Ministerio Público supone que Aguayo -por cuenta propia o por instigación de la viuda- contrató el servicio de los sicarios que ejecutaron el cuádruple crimen.
Uno de los investigadores, el fiscal Marcelo Pecci, cree que el sicariato es hoy un servicio totalmente tercerizado. Al parecer, hay organizaciones que solo se dedican a ejecutar los atentados, poniéndoles precio según el grado de dificultad. La motivación de quien los contrate les importa nada; ya sea una disputa territorial o -como en este caso- una cuestión de celos.
Para completar. Algunas de las balas utilizadas por los asesinos eran de la Dirección de Material Bélico de las FFAA. Habían sido entregadas a un destacamento militar en Amambay. Alguien las vendió a los sicarios.
El cuadro completo es espeluznante. Un narco haciendo oficina bajo protección pública, contratando un servicio tercerizado de asesinos que matan con balas pagadas por el contribuyente. Y tres jóvenes muertas por pasiones incontrolables de hampones que controlan al Estado.
Bienvenidos a Narcolandia.
