Editorial

Municipalidad no debe subastar el patrimonio de la ciudad

La Comuna debe pensar en el futuro de Asunción. Enajenar una porción del territorio puede resolver problemas coyunturales, como saldar deudas y pagar salarios. Lo que se necesita es una adecuada planificación del desarrollo de la capital, y, en particular, de la rica zona de la Costanera. Asunción es una ciudad pobre en espacios públicos, en zonas verdes y de esparcimiento. Disponer de lugares de encuentro ciudadano es un derecho, porque eleva la calidad de vida. Ese debería ser el objeto prioritario de los administradores municipales.

El proyecto de ordenanza sobre reordenamiento administrativo y financiero —remitido por la Intendencia a la Junta Municipal de Asunción—, además de la subasta de terrenos en la Costanera y la emisión de bonos han despertado reacciones, pero sobre todo un extenso cuestionamiento por parte de organizaciones civiles y de la ciudadanía.

La Intendencia manifestó la intención de declarar emergencia pluvial y vial durante 365 días, con el argumento de la baja cobertura de desagüe. Para financiar este proyecto megamultimillonario, se plantean emitir bonos y enajenar unos terrenos en la Costanera. El proyecto está actualmente a consideración de la Junta Municipal, donde las comisiones de Hacienda y Legislación deberán emitir sus dictámenes.

Con respecto a la intención de construir el desagüe pluvial, planteando abarcar un total de diez cuencas: Ayala Velázquez, España II, San Antonio y General Santos, Santo Domingo, Terminal, Aviadores, Bartolomé de las Casas, Universidad Católica, San Pablo y Abasto, uno de los principales cuestionamientos se refiere a la magnitud de este desafío, pero particularmente ante la duda de que sea factible la ejecución en simultáneo de espacios tan complejos y ante la necesidad de una completa organización de la ciudad para llevar a cabo dichas obras.

Recordemos las más recientes obras realizadas, como el viaducto de Asunción-Luque, también denominado Rodrigo Quintana, y el malogrado e inacabado Metrobús, así como el corredor vial Jardín Botánico, fueron obras necesarias pero cuya ejecución supusieron un gran caos en el tránsito y la circulación. Una administración que no se caracteriza por contar con una clara hoja de ruta, ni por ser eficiente ni competente para proveer a los usuarios asuncenos de servicios básicos, como recolección de basura y mantenimiento de las calles, despierta dudas sobre si será capaz de llevar adelante tan ambicioso plan. Por otra parte, es más que evidente que el Municipio asunceno debe aprender a trabajar con el Gobierno central para obras de tal envergadura.

El endeudamiento es de por sí una apuesta arriesgada. Sin embargo, la parte del proyecto que más cuestionamientos ha despertado es la potencial subasta de terrenos de la Costanera. En el proyecto remitido a la Junta Municipal se plantea la subasta de terrenos en la Costanera, con el fin de obtener recursos para invertir en obras de desagüe pluvial.

Se habla en principio de 10 hectáreas, el diseño prevé la construcción de viviendas sociales y el resto para el desarrollo privado. Estiman que se obtendrían entre USD 17 y USD 20 millones por dicho espacio. Supuestamente se podrá generar una inversión de USD 50 millones para doblar la capacidad de desagüe pluvial.

Lo más importante respecto al planteamiento es que este proyecto debe ser sometido a un análisis objetivo y, sobre todo, imparcial. Es evidente que hay mucho en juego, en término de obras, encarar la construcción del desagüe pluvial de la capital por la vía de la emergencia, cuando se han tenido tan malas experiencias con el uso de recursos durante la pandemia, no es una opción a ser tenida en cuenta.

El argumento de fondo tiene que ver con la protección del patrimonio no solo de la ciudad de Asunción, sino de todo el país: la Costanera de Asunción, la Bahía y el acceso al río pertenecen por derecho a todos los paraguayos. Además, lo que la ciudadanía necesita son precisamente espacios públicos accesibles para todos, zonas verdes y lugares de recreación, sitios seguros donde paseen las familias y jueguen los niños.

Las autoridades en vez de pensar en vender lo que es patrimonio de todos deberían pensar en las necesidades de la gente, analizar proyectos que les otorgue calidad de vida a todos los ciudadanos.

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