Este consorcio resultó adjudicado para proveer el sistema de control y monitoreo del billetaje electrónico del sistema de buses. El contrato entre el Estado y ETC se firmó el 20 de diciembre pasado, luego de un proceso licitatorio que duró apenas un mes y que pasó casi desapercibido para la opinión pública.
Hasta ahí, todo normal.
Lo llamativo de este proceso es que el Viceministerio de Transporte, entidad que gestionó la contratación y debe dar seguimiento a las obras, no alertó al Tesoro Nacional sobre la conformación de la contratista antes de este millonario desembolso.
El reporte oficial indica que el MOPC pidió la transferencia de recursos el 23 de abril y el pago se efectivizó el 28 de abril, un mes después de saltar a luz el escándalo de los tapabocas de oro en la Dinac.
¿PERO QUIÉNES FORMAN ETC? El consorcio adjudicado por MOPC está formado por Empresa Ejecutiva de Inversiones Plan SA y V. SAT SA.
Esta segunda firma, V. SAT SA, es la misma que forma parte del esquema de empresas supuestamente de maletín creadas solamente para facturar a la Dinac, de acuerdo con la investigación realizada por el Gobierno (ver infografía).
Esta empresa, además, según otra investigación llevada adelante por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), fue la que proveyó directamente a la firma Proyectos Global SA los denominados tapabocas de oro que fueron vendidos a la Dinac, por valores que superaban hasta 10 veces los precios de mercado.
LA LICITACIÓN. La entrega de ofertas para la construcción de un centro de control y monitoreo del billetaje electrónico se realizó el 15 de noviembre del año pasado, de acuerdo con los datos publicados por la DNCP.
Se presentaron al llamado dos empresas: el consorcio ETC, conformado por Plan SA y V. SAT SA, con una oferta de G. 24.997 millones; y la firma Comtel SA, con una oferta de G. 30.959 millones.
Tras el proceso de evaluaciones, el Viceministerio de Transporte recomendó adjudicar la licitación a ETC e incluso insistió en la firma del contrato antes del cierre del 2019. La firma del contrato se realizó el 20 de diciembre y tiene una vigencia de dos años, tiempo en que deben culminar las obras.
Además de los G. 6.919 millones pagados a fines de abril, el consorcio adjudicado ya recibió otro pago de G. 408,1 millones en febrero.
SIN RESPUESTA. ÚH intentó obtener ayer la versión del viceministro de Transporte, Pedro Britos. Pese a la insistencia, el subsecretario de Estado se llamó a silencio.
