En un segundo comunicado emitido este lunes, el empresario Luis Augusto Montanaro Bedoya cuestionó el actuar de la Fiscalía en el caso Duck Sex Games, en donde se lo imputó por presunta lesión del derecho a la comunicación y la imagen al viralizar supuestamente videos de contenido para adultos sin el consentimiento de la víctima.
De acuerdo con Montanaro, el modelo de contrato que filtró la institución no tiene firma, por tanto, “es nulo y formaba parte de una fantasía”, al igual que otros objetos incautados sin relevancia para la investigación fiscal.
"¿De qué servirían, por ejemplo, los juguetes sexuales, sino para alimentar el morbo y amarillismo?”, preguntó.
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Afirmó, a su vez, que la supuesta amenaza a la fiscala Ruth Benítez carece de sustento ante la falta de una denuncia formal, así como también la acusó de retrasar “innecesariamente la revisión de mi teléfono, donde está la clara prueba de mi inocencia”.
El empresario despotricó contra el circo mediático que se montó con base en mentiras y suposiciones infundadas que perjudicaron su reputación e imagen ante su familia y la sociedad.
Por ello, denunció a la Fiscalía por violar su derecho a la intimidad y la presunción de inocencia, al facilitar a la prensa su nombre y foto “cuando debía mantener mi identidad protegida según la ley, como se hizo con la supuesta víctima”.
"¿De qué sirve ponerme una capucha y luego decir mi nombre y exponerme públicamente? Es puro show y exposición mediática con claros fines de venganza y ensañamiento”, remarcó.
Denuncia que manipularon su celular
Respecto a la viralización de los videos, reiteró que no divulgó ningún tipo de contenido en plataformas sociales y páginas web, solo hizo lo acordado entre las dos partes, “lo cual está claro en nuestras conversaciones de WhatsApp en el teléfono incautado por la Fiscalía. La prueba de mi inocencia está en poder de ellos”, insistió.
En poder de sus abogados están las “pruebas irrefutables” de que su celular fue “manipulado indebidamente por la Fiscalía durante y posteriormente al allanamiento”.
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Sobre la línea, informó que contrató a un perito informático para demostrar las supuestas irregularidades en el procedimiento por parte de la fiscala y su equipo especializado en ciberdelitos.
Según Montanaro, la agente del Ministerio Público lo imputó y encarceló con capturas de pantalla parciales e incompletas de conversaciones entre la denunciante y él.
Víctima tiene vinculación con alta funcionaria, dice
Por otra parte, Montanaro juzgó la facilidad con la que las autoridades pueden quitar la libertad, violar derechos constitucionales y arrebatar la dignidad de las personas.
“Esto no es propio de un Estado de derecho; es un abuso del poder coercitivo del Estado al servicio de intereses particulares, considerando la vinculación de la supuesta víctima y una alta funcionaria de la Fiscalía General del Estado”, proclamó.
Además, dio a conocer que recibieron “insinuaciones que podrían interpretarse como intentos de influir en el proceso a cambio de dinero”.
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Montanaro dejó constancia de que no se permitió la presencia de un escribano público durante el procedimiento de deslacrado de evidencias que se incautaron en el allanamiento en su departamento.
Aclaró nuevamente que no tiene ninguna relación directa con Sabino Augusto Montanaro, ex ministro de la dictadura de Alfredo Stroessner.
Ante las presuntas irregularidades en el proceso penal, el empresario solicitó justicia y reparación de todos los daños causados.
