08 ene. 2026

Mocipar: Elevan a juicio otra causa contra Dany Durand

29725703

Declaración. Dany Durand declaró ayer ante la jueza de Garantías, Cynthia Lovera.

GENTILEZA

El ex ministro Dany Durand deberá afrontar otro juicio oral. Esta vez por la supuesta estafa, asociación criminal y otros delitos en el caso contra la empresa Mocipar, según decidió la jueza de Garantías, Cynthia Lovera, quien elevó la causa para juzgamiento.

Además del ex ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, también irán a juicio oral Fernando Román Fernández, Luz Marina González de Durand, Diana Teresita Britos Ocampo de Román y Favio Arturo Britos Ocampo.

La preliminar se realizó en seis sesiones, entre el 24 de setiembre hasta ayer viernes 4 de octubre, donde la fiscala Alba Delvalle se ratificó en su pedido de acusación, juntamente con la abogada querellante, Gessy Ruiz Díaz.

Por su parte, las defensas plantearon varios incidentes, entre ellos, la prejudicialidad, la excepción de falta de acción por incompetencia material (porque era una cuestión civil y no penal), la extinción de la acción penal, a más del pedido de abandono de querella.

Igualmente, las defensas requirieron la nulidad absoluta de actuaciones y los actos posteriores, la nulidad de la acusación, el sobreseimiento definitivo, a más de las exclusiones e inclusiones probatorias.

Finalmente, dispuso admitir la acusación contra todos los procesados, y elevar la causa a juicio por los supuestos delitos de estafa, estafa en grado de tentativa, asociación criminal, conducta conducente a la quiebra, conducta indebida en situaciones de crisis, evasión de aportes a la seguridad social y lesión de confianza con relación a Dany Durand y los demás encausados.

MEDIDAS. Por otro lado, la magistrada mantuvo las medidas alternativas contra todos los procesados que fueron dictadas entre diciembre del 2023 y enero de este año.

La Fiscalía ofreció 47 testigos entre los denunciantes, funcionarios de Hacienda, al síndico de Quiebras, Marcial Paredes, a los funcionarios de la firma Mocipar, entre otros.

También tres pruebas periciales, varios tomos de documentales, a más de oficios que deben ser librados por el Tribunal de Sentencia que finalmente va a atender la causa.

Según la acusación, el grupo Mocipar reunía un conglomerado de empresas que actuaban comercialmente entre el 2006 y 2019, representados por los procesados.

Indica que se valieron de una estructura de empresas para estafar a los clientes, para cometer lesión de confianza y evasión de aportes, entre otros delitos.

Ex ministro alega que denunciantes no pagaron El ex ministro Dany Durand declaró ayer ante la jueza de Garantías, Cynthia Lovera. Señaló que varios de los querellantes firmaron contratos para pagar 60 cuotas, donde varios de ellos, no pagaron todo. Citó el caso de dos que abonaron 48 cuotas y una solo tres. Indicó que era una cuestión civil y que el dinero de estas personas se debía reclamar en la quiebra y no en el fuero penal. Además, señaló que el caso ya era cosa juzgada, debido a que en el 2019, el juez Gustavo Amarilla había desestimado una denuncia en su contra por el caso, ratificado por el Tribunal de Apelación. También citó varias resoluciones similares de juzgados de Caazapá. Además, dijo que la empresa en todos los años, adjudicó a 8.325 personas, y durante 19 años mostró los sorteos por televisión.

Más contenido de esta sección
Liz Prieto sigue recorriendo el país para finiquitar las más de 30 causas en su contra por adquirir un electrodoméstico y un pequeño crédito que le había dejado una deuda que creció injustamente.
Funcionarios del Senave, junto con personas ajenas a la institución, exigían a importadores sumas millonarias en concepto de “colaboración” o “gratificación por celeridad” para expedir el certificado que habilita la importación de tomates, papas y cebollas. Si bien el trámite tenía un costo oficial de G. 17.715, los solicitantes debían pagar hasta G. 10 millones. Por el hecho están acusados Pastor Emilio Soria, ex titular del ente; el ex intendente de Lambaré Roberto Cárdenas, entre otros.
Desde noviembre, la recusación presentada contra la fiscala Liz Medina en la causa de la jueza de Paz Norma Ortiz no se resuelve, por lo que el caso está trabado. La agente fue asignada para investigar el presunto esquema de la mafia de pagarés dentro del Juzgado de Luque. El caso saltó a luz tras una auditoría de la Corte, que confirmó irregularidades en los juicios.
Ante las denuncias de supuestos pedidos de coimas para agilizar la expedición de los documentos, la Policía Nacional insta a la ciudadanía a informar los casos de corrupción para investigar y sancionar.
Un análisis de 200 causas permitió establecer una caracterización aproximada de uno de los hechos más denunciados a nivel país. El 37% de los casos fueron víctimas de entre 30 y 45 años.