En dos semanas se estaría realizando los primeros trabajos, según confirmó la Secretaría de Estado, que reveló que serán 15 personas las involucradas en la primera parte del trabajo.
“El objetivo de este plan piloto es básicamente probar cómo funciona el sistema, ver el tiempo de reacción para la intervención tanto de los organismos como para las posteriores decisiones judiciales. Estaríamos estipulando también un costo aproximado de lo que implica el mantenimiento”, explicó.
Las personas privadas de libertad que serán elegidas para formar parte del proyecto saldrán de un sistema de selección que estará a cargo del Poder Judicial, según se anunció.
Los dispositivos a ser utilizados serán proveídos por el Ministerio del Interior, que es el encargado de la implementación y reglamentación del uso del material. “Estamos ajustando los términos del acuerdo con el Ministerio del Interior. Nosotros vamos a obtener un préstamo, porque no nos van a cobrar un solo guaraní”, agregó la ministra, según recogió la Agencia de Información Paraguaya.