Jiménez Rolón señala que, en su carácter de ministro superintendente de Central, solicita que se inicie en la brevedad posible una auditoría de reacción inmediata en la causa sobre abuso sexual en niños, que se tramita ante el Juzgado Penal de Garantías del Tercer Turno de Lambaré.
En el caso, la denuncia de la madre del niño y de la abogada querellante indica que el hombre habría sido favorecido con el arresto domiciliario, debido a que es el hermano de una agente fiscal.
Según refieren, la jueza de Luque Carmen Rosana Román, que interinaba a su colega de Lambaré, Isabel Bracho, concedió el arresto domiciliario al procesado, lo que no fue apelado por la agente fiscal Fani Aguilera, que está en la causa tras la recusación de la fiscala Andrea Ríos.
Según explican, el hombre fue imputado y la jueza Bracho dispuso su prisión preventiva. Quedó en una comisaría, pero luego la defensa solicitó que el cambio de reclusión, por su seguridad, ya que su hermana, la agente fiscal, tenía casos relevantes, lo que le ponía en peligro.
Primero fue derivado al Penal de Viñas Cué, donde fue rechazado, para finalmente quedar en la Agrupación Especializada. Después, la defensa solicitó el arresto domiciliario del imputado, justo cuando la jueza Bracho era interinada por Román.
La defensa también apeló la resolución que concedió la intervención a la querella, a más de presentar una excepción, con lo que las mismas no pudieron entrar a la audiencia. Tampoco estuvo la fiscala del caso.
Al final, la magistrada concedió el arresto domiciliario el pasado viernes. Sin embargo, la medida no fue apelada por la fiscala, hasta el sábado, ya que, según la jurisprudencia de los Tribunales de Central, el plazo es de 24 horas y no cinco días.
Ahora, la causa en cuestión será auditada, teniendo en cuenta la petición del ministro de la Corte, Eugenio Jiménez Rolón.
