La medida fue adoptada con el fin de constatar la veracidad de la denuncia y aplicar las medidas administrativas correspondientes, según indica el informe de la cartera de Salud.
Los resultados de la intervención deberán ser presentados en un plazo de 60 días hábiles desde que comenzó a regir, el 7 de octubre.
En calidad de interventora fue nombrada la funcionaria Olga López y la abogada Inés Martínez como asesora jurídica.
Tanto López como Martínez podrán solicitar los informes y documentos necesarios para llevar adelante la intervención.
