Como una noticia alentadora difundió el Ministerio de la Mujer la reducción a cero en los casos de feminicidio en el mes de julio.
Agregó en el informe que en los meses anteriores también se produjo una disminución considerable de los casos, ya que, según sus datos, en los meses de mayo, junio y julio, se contabilizaron tres víctimas, siendo una de las cifras más bajas de los últimos años.
En el informe se señala que en el mismo trimestre pero del año 2018 se registraron 9 víctimas, mientras que en el 2017, hubo 12.
De acuerdo con la opinión de la fiscala Liliana Zayas, una de las que más conocen el tema por su trabajo en la Unidad Especializada en la Lucha contra la Violencia Familiar, son muchos los factores por los que se puede dar la reducción de los casos. “Puede ser resultado de las campañas que hay de socialización del tema. Hoy hay una ley que visibilizó la problemática. Puede ser el trabajo de la Fiscalía en la lucha contra la violencia familiar. El resultado de políticas públicas de distintos actores, la Policía, los juzgados, el Poder Judicial. No se puede atribuir a una situación específica. Hasta puede ser un factor aleatorio”, expresó.
La agente del Ministerio Público indicó que actualmente tres fiscales especializados están trabajando en la unidad.
Reveló además que en los nueve meses que llevan trabajando, recibieron 2016 denuncias de casos de violencia intrafamiliar, solamente en Asunción. “Alrededor de 60 denuncias por turno de ocho días reciben en la unidad”, según expresó.
De los casos que reciben, en su gran mayoría las víctimas son mujeres, que sufren violencia sicológica y física, en casi todos los casos de parte de sus parejas.
La fiscala Zayas insistió en la importancia del cumplimiento del artículo 34 de la Ley de Protección Integral a las Mujeres contra toda Forma de Violencia, que afirma que “el Estado, a través del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y del Ministerio de la Mujer, establecerá mecanismos y servicios dirigidos a la reeducación de la persona agresora”, entre ellos, atención sicológica, ejecución de trabajo comunitario, entre otras exigencias que establece la ley.
