Representantes del sector privado y miembros de la Junta Municipal de Minga Guazú conformaron una mesa técnica con el objetivo de reglamentar el transporte público en el distrito y estudiar el marco legal para la elaboración de futuras ordenanzas que regulen el servicio.
La iniciativa surgió ante la falta de una normativa clara que rija el funcionamiento del transporte en una ciudad que supera los 81.000 habitantes y en la que, actualmente, solo una empresa opera de forma legal. Otra empresa de transporte, proveniente de Ciudad del Este, también presta servicio en parte del territorio minguero, pero sin tributar a la Comuna.
Hasta la fecha, la Junta Municipal habilitó vehículos de transporte público mediante resoluciones basadas en normativas antiguas, según explicó la empresaria Carolina Coronel, representante de la firma Transporte Minga Guazú SA. Esta situación derivó en conflictos administrativos con la Municipalidad.
Coronel recordó que su empresa solicitó en 2021 el usufructo de las líneas internas del distrito, pero ante la falta de respuesta de la Junta, recurrió a la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), que terminó habilitando tanto la ruta PY02 como las calles internas. Esto permitió que los ómnibus de la firma pudieran operar legalmente.
Sin embargo, cuando este año la empresa solicitó la renovación de las habilitaciones, la Junta solo aprobó permisos para 10 de las 26 unidades con que cuenta la empresa. Según funcionarios municipales, el resto no fue habilitado debido a una supuesta deuda pendiente con la Comuna desde 2022, relacionada con el usufructo de la línea.
Coronel rechazó esta postura y afirmó que no se pagó ningún usufructo porque nunca existió una resolución formal de la Junta que permitiera hacerlo. EM
