Esta coalición de organizaciones premiada con el Nobel de la Paz en 1997 presentó este lunes el informe anual de su Monitor de Minas y Municiones de Racimo, elaborado en coincidencia con el inicio en Ginebra de la 22ª reunión de los Estados parte del Tratado de Ottawa, la convención que prohíbe ese armamento desde hace más de 25 años.
Según el estudio, la mayoría de las víctimas proceden, por segundo año consecutivo, de Birmania (Myanmar) que, con 2.029 en 2024, duplicó las cifras del año anterior.
Este país, junto a India, Rusia y Corea del Sur, todos ellos Estados no firmantes del tratado, “parecen mantener una capacidad de producción activa”, denunció el informe.
Siria, con 1.015 víctimas, fue el segundo país más afectado en 2024, según un informe que advierte que tras la caída del régimen de Bachar al Asad el riesgo de las víctimas es “cada vez mayor”, ya que en muchos casos regresan a lugares contaminados con ese armamento.
Les siguen Afganistán, con 624, y Ucrania, con 293, donde Rusia ha utilizado minas antipersona “de manera extensiva” desde su invasión en febrero de 2022.
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El Tratado de Ottawa, en vigor desde 1999 y firmado por 166 países, prohíbe el uso, el almacenamiento, la producción y la transferencia de minas antipersona.
Además obliga a prestar asistencia a las víctimas, limpiar las zonas minadas y destruir los arsenales.
En el informe, la campaña antiminas lamentó los dos envíos a Ucrania de minas antipersona, en noviembre y diciembre de 2024, por parte de Estados Unidos, un país que aunque no es firmante del tratado prohibía desde 1992 la exportación de este tipo de armamento a través de una moratoria.
La campaña también denunció el posible uso de minas antipersona por parte de Ucrania, que sí es miembro del tratado, y de empresas y particulares ucranianos que estarían fabricándolas.
Además Ucrania está intentando suspender la aplicación del tratado mientras participa en el conflicto armado, “lo cual es ilegal”.
A esto se suma que Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania y Polonia están en proceso de retirarse del acuerdo internacional.
“La evidencia demuestra que, si (los Estados) utilizan minas, pueden ser necesarias décadas y enormes recursos para limpiar las tierras contaminadas y ayudar a las víctimas”, declaró Mark Hiznay, del Monitor de Minas y Municiones de Racimo.
Según la campaña, al menos 57 Estados y otros territorios están contaminados por minas antipersona, la mayoría en África, Asia y Europa del Este.
Este año, Tailandia acusó a Camboya de utilizar minas antipersona a lo largo de la frontera entre los dos países, una práctica que también se ha dado en Irán y en Corea del Norte.
En Colombia y en varios países del norte del África subsahariana, el informe denunció el uso de minas antipersona por parte de grupos armados no estatales.
Por otro lado, la campaña celebró la ratificación del tratado por parte de las Islas Marshall y la adhesión de Tonga este año.
Fuente: EFE
