05 abr. 2026

Militarización viola la Constitución y es mal desempeño, alertan expertos

Los constitucionalistas Lezcano Claude y Estigarribia afirman que las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en seguridad interna. Peña firmó un decreto que habilita estas operaciones al CODI.

Reunión. Santiago Peña se reunió con Robert Alter en la sede del CODI en Concepción..jpg

Reunión. Santiago Peña se reunió con Robert Alter en la sede del CODI en Concepción.

GENTILEZA

El presidente Santiago Peña firmó el decreto por el cual establece que las Fuerzas Armadas realicen operaciones en defensa interna, no solo en las fronteras, sino también dentro de la Región Oriental. Expertos constitucionalistas afirman que es una clara violación de la Carta Magna.

En el decreto presidencial se indica que el motivo de esta medida es la aparición, en todo el país, de agrupaciones criminales y terroristas. El abogado y ex ministro de la Corte Luis Lezcano Claude sostiene que la Constitución establece que la misión de las Fuerzas Armadas comprende dos aspectos, que son “custodiar la integridad territorial” y “defender a las autoridades legítimamente constituidas”, según indica el Artículo 173.

Este segundo punto citado está vinculado con la seguridad interna, pero se trata de algo muy específico, explica Lezcano Claude, al referirse a un eventual estado de excepción declarado por una “grave conmoción interior” que “ponga en inminente peligro el imperio de esta Constitución o el funcionamiento regular de los órganos creados por ella”, según el Artículo 288.

“Pero no se da la situación descrita precedentemente, por lo que se puede considerar que el involucramiento de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna es inconstitucional”, manifestó el ex magistrado.

El profesional indicó que el Estado más bien debería invertir en dar mejores condiciones de vida a la población.

“Hay que señalar que lo que se pretende con esta medida de reforzamiento de las fuerzas de seguridad interna, es el bárbaro objetivo de exterminar a un pequeño grupo de personas que tienen un comportamiento irregular. Sin embargo, el verdadero combate a la insurgencia debe consistir en revertir las paupérrimas condiciones de existencia de las clases populares de la zona de operaciones”, expresó.

Juicio político. El abogado y ex senador Hugo Estigarribia coincidió en que el rol constitucional de las Fuerzas Armadas es la custodia de la integridad territorial y la defensa de autoridades, para lo cual existen, por ejemplo, instituciones como el Regimiento Escolta Presidencial. “No hay mucho margen en la Constitución”, resaltó.

Estigarribia en tanto fue más allá y sostuvo que el decreto de Santiago Peña es inconstitucional, con lo que incurre en mal desempeño de funciones, causal de juicio político.

El abogado añadió que no se pueden ampliar las funciones de las Fuerzas Armadas ni por decreto ni por ley, y menos cambiar su rol constitucional, por algo que corresponde a la Policía. Por ese motivo, recordó, cuando se creó la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) fue en el marco de un estado de excepción.

“Esto viola la Constitución, y lo hace el propio presidente, que juró cumplir lo que dice la Constitución, con lo que incurre en mal desempeño de funciones”, dijo tajante.

Estigarribia manifestó que el presidente no puede desconocer el cuerpo constitucional y darle otra misión a la institución militar. “Es abuso de poder. El presidente puede fortalecer a las Fuerzas Armadas, pero no cambiar el rol constitucional”, expresó.

Finalmente, dijo que los intendentes o el defensor del Pueblo podrían presentar una acción de inconstitucionalidad para evitar la incursión militar en sus territorios.

Qué dice el decreto

Defensa interna. Se dispone el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas en operaciones de defensa interna.

Territorio. El decreto extiende el ámbito territorial de las operaciones conjuntas de las Fuerzas Armadas con la Policía en la Región Oriental.

Crimen. La misión es reforzar las condiciones de seguridad interna, minimizar bases operativas y logísticas y la actuación del crimen organizado transnacional y terrorismo.

Peña se reúne con diplomático de EEUU tras decreto

Tras la firma del decreto que habilita la intervención militar en todo el territorio en cuestiones de seguridad interna, el presidente Santiago Peña tuvo un encuentro con el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, Robert Alter, en Concepción, junto con altos mandos militares.

Peña indicó que como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación encabezó una reunión “estratégica” en el Centro de Operaciones del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) para evaluar acciones, además de la cooperación de Estados Unidos en la materia.

“Evaluamos las acciones de defensa interna y afianzamos nuestra cooperación bilateral en materia de seguridad. Mi respaldo a nuestras fuerzas de seguridad es absoluto y permanente. La orden es clara: no retroceder un solo paso ante el crimen organizado y grupos criminales con sesgos terroristas”, aseguró el presidente.

Recientemente, el Gobierno de Peña firmó con Estados Unidos el polémico Acuerdo de Estatuto de Fuerzas (SOFA), que establece que los militares estadounidenses que se asienten en Paraguay gozarán de exenciones e inmunidades similares a las otorgadas al personal “de las misiones diplomáticas”.

Apoyo. La Embajada de EEUU publicó el mensaje de Alter tras la reunión, sobre su respaldo a un país aliado. “Los aliados se acompañan”, expresó. “Estamos comprometidos con fortalecer nuestra colaboración en seguridad para hacer nuestros países más seguros y fuertes”, añadió.

Más contenido de esta sección
ENVEJECIMIENTO. Juran indica que la franja adulta mayor será el doble en 2025 en Paraguay.
ANTICIPAR. Gobiernos deben proteger tanto a jóvenes como adultos para evitar una crisis.
Los senadores Esperanza Martínez (PPC), Ignacio Iramain (Independiente) y Rafael Filizzola (PDP) coinciden en que Ley de Protección de Datos restringe el acceso a la información pública.
El cartismo está en una fuerte tensión a causa de las diferentes controversias entre sus miembros por propios intereses. Tres senadores se confrontaron hasta con ministros y causaron fisuras.
La Codehupy presentó el Informe sobre crímenes de silenciamiento contra periodistas en Paraguay de 1989 al 2024, que suman 22 en total. Referentes alertaron sobre la inacción de la Justicia que deja en impunidad la mayoría de los casos.