Por quinto día consecutivo, una multitud se echó a las calles para pedir el fin del Gobierno militar, tras el golpe de Estado del 1 de febrero, y la liberación de los líderes democráticos detenidos, entre ellos la nobel de la paz y depuesta líder Aung San Suu Kyi.
Tras declarar la ley marcial y prohibir concentraciones de más de cinco personas, las autoridades utilizaron el martes cañones de agua, pelotas de goma e incluso munición real contra los manifestantes en varias ciudades del país, dejando al menos siete heridos.
Mya Thwe Thwe Khine, una mujer de 20 años, se encuentra herida en estado crítico en un hospital de Naipyidó, la capital fundada en 2005 por los militares, tras recibir un impacto de bala en la cabeza, confirmó este miércoles la organización humanitaria Human Rights Watch (HRW).
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Según la confirmación de un médico y los videos y fotografías analizados por HRW, la joven cayó al suelo tras oírse un disparo cuando se alejaba de la primer línea de una manifestación en Naipyidó que estaba siendo disuelta con cañones de agua por la policía.
Una decena de manifestantes se tumbó hoy sobre el asfalto de Rangún, simulando estar muertos, para denunciar la violencia ejercida por la Policía, mientras que otro grupo realizó un funeral simbólico para el general Min Aung Hlaing, quien encabezó el levantamiento militar.
“Rechacen a los militares, respeten nuestros votos. Nos levantamos en favor de la democracia”, apuntan algunos de los carteles en la concentración de hoy cerca de la Universidad de Rangún, antigua capital y ciudad más poblada.
Las fotos de Suu Kyi son una constante entre la columna de personas que forman la manifestación, donde los asistentes, muchos de ellos jóvenes universitarios, alzan tres dedos (anular, corazón e índice) en un popularizado gesto de disidencia.
“Estamos protestando para liberar a Daw Aung San Suu Kyi y al presidente. No le tengo miedo a nadie... Si no peleamos ahora, estaremos bajo toque de queda de por vida”, dijo a EFE una joven de 17 años.
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Un hombre de 34 años situado frente a la barrera policial en la primera línea de una manifestación en Rangún declaró por su parte que había renunciado a su trabajo como supervisor en una tienda de telefonía móvil el martes y que el toque de queda impuesto por la junta militar no le iba a impedir protestar.
“No les tengo miedo ni a ellos ni a las leyes militares. Y no tengo familia que cuidar, así que estaré aquí hasta que liberen a nuestros líderes”, dijo.
La oficina de Naciones Unidas en Birmania calificó el martes por la noche de “inaceptable” y condenó “la violencia desproporcionada” ejercida la víspera por la policía contra los manifestantes y urgió a los militares a “respetar la voluntad popular y adherirse a las normas democráticas”.
Un portavoz de la Liga Nacional para la Democracia (LND), partido encabezado por Suu Kyi, denunció a través de las redes sociales que unos soldados entraron por la fuerza en las oficinas de la LND en Rangún y otras ciudades, donde confiscaron “documentos y ordenadores”.
