Las principales marchas se desarrollaron en los estados de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Jalisco y la capital de México con la participación de numerosos sectores de la sociedad, desde estudiantes hasta indígenas y campesinos.
La protesta nacional fue convocada por familiares de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa que permanecen desaparecidos tras una noche de violencia en la localidad de Iguala, de la que las autoridades responsabilizan a al menos una veintena de policías y criminales.
En Chilpancingo, la capital de Guerrero, 10.000 manifestantes según la policía y 50.000 según los organizadores exigieron la aparición de los estudiantes, el esclarecimiento de la muerte de seis personas y la renuncia del gobernador Ángel Aguirre.
El contingente, que abarcó unos cinco kilómetros, arrancó desde la Autopista del Sol, que une la Ciudad de México con el puerto de Acapulco, y culminó en la plaza central de Chilpancingo.
En esta marcha participaron estudiantes de las nueve escuelas normales rurales de ese estado (dedicada a la formación de maestros de primaria), maestros y familiares de los desaparecidos.
Los miembros del magisterio informaron que su intención es permanecer en un plantón permanente en la plaza principal hasta que aparezcan los 43 jóvenes.
En la capital mexicana, unas 15.000 personas encabezadas por familiares de los estudiantes desaparecidos marcharon desde el emblemático Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino, también para pedir justicia.
Los manifestantes recorrieron las céntricas avenidas de Ciudad de México y corearon consignas como "¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!”, "¡Ayotzinapa, estamos contigo!”, ¡Si no hay paz para el pueblo, que no haya paz para el Gobierno!” y "¡Queremos justicia para Ayotzinapa!”.
Al final de la marcha, los familiares expresaron su indignación en un mitin y advirtieron al Gobierno federal, estatal y municipal que no van a descansar hasta que entreguen a los jóvenes, y rechazaron que las autoridades pretendan “lavarse las manos y echar la culpa al crimen organizado”.
“Fueron patrullas de la policía municipal y fue el mismo director de Seguridad Pública quien dio la orden que dispararan a fuego cruzado”, denunció uno de los familiares.
“En México se asesina extrajudicialmente a estudiantes” y “le atribuimos al Estado la desaparición forzosa de nuestros compañeros”, aseguró hoy Omar García, quien sufrió la ola de ataques del 26 de septiembre.
Poco antes del cierre de la marcha, un grupo de manifestantes abucheó e insultó a Cuauhtémoc Cárdenas, tres veces candidato presidencial y fundador del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) -que gobierna en Guerrero e Iguala-, y fue obligado a abandonar la protesta.
Según informaciones publicadas por los medios, también le lanzaron agua, botes, otros objetos, recibió golpes y gritos de “asesino” y delincuente”.
En San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, miles de indígenas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) marcharon en silencio en solidaridad con los estudiantes de Guerrero.
“No están solos”, “su dolor es nuestro dolor” y “nuestra es también su digna rabia”, dijo el subcomandante Moisés a familiares, maestros y estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
En Guadalajara, la capital de Jalisco, unas 5.000 personas marcharon al grito de ¿Por qué nos asesinan si somos la esperanza de América Latina?, mientras portaban coronas de flores, cruces negras y mantas con consignas.
También se registraron manifestaciones solidarias en otros países, en particular en España, Argentina, Bolivia, Alemania, Costa Rica y Reino Unido.
La organización Human Rights Watch (HRW) acusó hoy desde Washington al Gobierno de Enrique Peña Nieto de responder “muy tarde” a la desaparición de 43 estudiantes en Iguala.
La fiscalía general asumió la investigación del caso apenas el fin de semana pasado, al considerar que había indicios de la participación del crimen organizado, en un giro a la posición inicial del Gobierno de que Guerrero asumiera la responsabilidad ante la ola de violencia.
Amnistía Internacional calificó a la búsqueda que se ha hecho como “una pantomima” en donde “no hubo inteligencia, en donde no hubo las líneas de investigación claras”, y pidió que las “investigaciones sean realizadas por personal del más alto nivel en el ámbito federal”.
El Gobierno federal tomó el lunes el control de la seguridad de Iguala, tras el hallazgo de seis fosas clandestinas con 28 cuerpos que podrían corresponder a algunos de los desaparecidos.
Por los ataques producidos la noche del 26 de septiembre hay más de 30 detenidos, de los cuales 22 son policías municipales presuntamente vinculados con Guerreros Unidos, un grupo que surgió en 2011 como una escisión del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
