La presentación, realizada por el abogado Víctor Enriquez en representación de la Contraloría Ciudadana, involucra también al actual concejal de Ciudad del Este, Sebastián Martínez, por hechos de lesión de confianza, asociación criminal y producción de documentos no auténticos.
Según los denunciantes, Prieto y Martínez habrían creado subcomisiones vecinales ficticias en diciembre de 2020 con el objetivo de desviar fondos municipales destinados a la financiación de ollas populares.
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Estas subcomisiones, señalan, estaban conformadas por miembros de un mismo grupo familiar y habrían presentado facturas y documentos adulterados para justificar el uso del dinero.
“Un grupo familiar, patrocinado por el actual concejal Martínez, solicitó recursos a la municipalidad para la distribución de alimentos y ollas populares. Inmediatamente, la municipalidad emitió dos resoluciones con numeración secuencial, liberó los cheques y en el mismo día las subcomisiones presentaron las facturas de compra de alimentos y la rendición de cuentas”, sostienen.
“Después de un exhaustivo análisis, nos dimos cuenta de que todo era un fraude, organizado al solo efecto de sacar G. 311.000.000 de la municipalidad”, agregó el abogado, al señalar que las dos subcomisiones estaban conformadas por una misma familia.
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Dijo que una de las facturas presentadas, por G. 70 millones, corresponde a una empresa integrante de la misma subcomisión vecinal. “Por su RUC hemos visto que en realidad es una empresa que se dedica a la venta de productos de cotillón”.
“Todas las documentaciones analizadas nos llevan a concluir que todo fue un fraude, porque para diciembre del 2020, todo el mundo ya estaba trabajando, ya no había ollas populares y las fotos presentadas en las rendiciones de cuentas son todas falsas”, asegura Enríquez.
